Las empresas Brues y Fernández, Construcciones SA, Gesai y Progen han sido condenadas en una sentencia a pagar 96.000 euros por «intentar despedir de forma encubierta» a 16 empleados a los que ordenaron ir a trabajar a Gibraltar o alternativamente aceptar la rescisión de sus contratos.

Según indicó CCOO en un comunicado, el objetivo real de esta orden de las empresas era que los trabajadores «rechazaran el traslado y admitieran la rescisión, ya que se trataba de empleados mayores de 50 años con 20 de antigüedad». Sin embargo, los 16 afectados, que trabajaban en Euskal Herria, presentaron una demanda en la que solicitaban que se declarara nula la orden de traslado a Gibraltar durante once meses.

En la sentencia se califica de «sorprendente» que, siendo la obra de Gibraltar un proyecto importante trasladaran sólo a 16 trabajadores, «cuando tienen una plantilla de más de 900 empleados prestando servicios en diferentes comunidades».

El fallo explica que el traslado ocasionó a los trabajadores «un perjuicio económico y emocional, al separarlos injustificadamente de sus allegados» ya que, además, «no se les permitió hacer horas extras como pretendían para acumular días y poder estar con sus familias». El juez condena por estos motivos a las compañías a reponer a los trabajadores en las condiciones en que se hallaban en Euskal Herria y a abonar una indemnización de 6.000 euros a cada demandante, así como a pagar 600 euros y los honorarios de los abogados de los operarios.

CCOO indica que el fallo suponae que «no todo vale» y avala las denuncias realizadas «sobre la falta de pudor de los empresarios de la construcción».