El 19 de Marzo de 2003, José Mª Aznar y su gobierno del PP involucraron al Estado español en la agresión militar contra Irak comandada por EEUU. En esa época la casi totalidad de la opinión pública española, incluyendo la mayoría de votantes del PP, se manifestó en contra de dicha decisión. Después del 1 de mayo de 2003, culminada la invasión militar, Irak es víctima de saqueo y represión por parte de las fuerzas ocupantes, lo que ha propiciado diversas guerras cruzadas cuyas consecuencias de caos, devastación y muerte han creado problemas mayores que los que los invasores pretendían resolver.

El «ataque preventivo» contra Irak se legitimó como defensa necesaria frente al eventual uso de armas de destrucción masiva por parte de este país. Al no ser capaces de demostrar su existencia, Bush, Blair y Aznar se vieron obligados a reconocer que sus argumentos eran falsos. Con ello, la guerra de Irak carece de legitimidad.

Al contar con la desaprobación expresa del Consejo de Seguridad de la ONU, esta guerra fue ilegal. Esto significa que, según el derecho internacional, las matanzas y la destrucción ocasionadas son crímenes de guerra y sus ejecutores, inductores y cómplices, criminales de guerra: «Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la formulación o ejecución de un plan común o de una conspiración para cometer cualquiera de los delitos (crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de esa humanidad), serán responsables de todos los actos realizados por cualesquiera persona en la ejecución de tal plan».

La ilegalidad, injusticia y consecuencias catastróficas de la agresión contra Irak ha sido reconocida por el Parlamento español. ¿Quién va a responder por ellas? La compasión por los de muertos, heridos y desplazados es, sin el castigo a los culpables, una cínica solidaridad. El vacío de justicia ante la vulneración del derecho de gentes y los delitos contra la Comunidad Internacional, suponen un estímulo para los criminales de guerra instalados en gobiernos y multinacionales. La participación política, logística y militar española, presentada como intervención humanitaria, se realizó también sin el permiso del Congreso de los diputados y sin la concurrencia del Rey, tal como estipula el artículo 63.3 de la C.E. Tal guerra sigue provocando muerte y destrucción y constituye una de las causas de los atentados terroristas de Madrid del 11 de marzo de 2004.

Cuatro años después disponemos de la perspectiva suficiente para entender que la actuación de Aznar debe ser sometida a la justicia para que ésta determine sus posibles responsabilidades. La pérdida de las elecciones y del gobierno el 14-III-2004 no guarda proporción con las consecuencias de la decisión de Aznar: los crímenes de guerra en Irak, la respuesta que sufrimos el 11-M de 2004 en Madrid y el riesgo de desestabilización generalizada en Oriente Próximo y Asia Central, así como la amenaza de nuevos atentados en nuestro territorio. El esclarecimiento de la responsabilidad de Aznar y sus colaboradores es condición necesaria para restablecer el principio de legalidad y seguridad jurídica.

En abril de 2003, varios miles de personas formulamos una querella y múltiples denuncias contra José Mª Aznar por la presunta comisión de delitos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Dicha demanda se basaba en la implicación política y militar del Gobierno de España en la invasión de Irak: participación de Aznar en la Cumbre de las Azores y en el ultimátum de 48 horas al Gobierno de Irak; envío de 900 militares y 3 buques a la zona de conflicto y apoyo logístico a la invasión de las bases militares de Rota y Morón, difusión de las mentiras acerca de la existencia de armas de destrucción masiva y bases de apoyo de Al Qaeda. Esto constituye una complicidad necesaria en la muerte violenta de más de medio millón de personas en Irak y de 199 en Madrid.

Casi un año después, la Sala 2ª del Tribunal Supremo desestimó esta querella con los siguientes argumentos: a) «las acciones relacionadas con críme- nes de guerra no son imputables a las fuerzas militares españolas» y b)«el supuesto delito de involucrar a España en la guerra de Irak sin autorización de las Cortes se encuadra entre los delitos de traición y conforme establece el párrafo 2º del artículo 102.1º de la C.E., esta acusación sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo».

A estas argumentaciones cabe objetar, tres años y 500.000 muertos después, que tan ocupante es la infantería como la aviación, los radares o los cocineros, ya que sin alguna de estas piezas el total de la máquina militar no funcionaría. La no intervención en combates de los militares españoles no exime a dicha fuerza de su pertenencia a un ejército de ocupación que, con mando unificado, perpetra crímenes de guerra. Por otro lado, ¿qué clase de izquierda tenemos que desde el gobierno y la mayoría parlamentaria no es capaz de reunir 88 diputados para juzgar a Aznar como presunto criminal de guerra?

El 17 de marzo de 2007 realizamos manifestaciones conmemorativas del 4º aniversario de las grandes movilizaciones contra la agresión a Irak. En algunos lugares, sobre todo en Madrid, dichas manifestaciones fueron hegemonizadas por el PSOE a través de su organización filial, el Foro Social de Madrid. Este partido y su Foro, verdadero «caballo de Troya» en los movimientos sociales, utilizaron el movimiento popular contra la Globalización, la Europa del Capital y la Guerra (M.A.G.) como un instrumento para la lucha electoral contra el PP. Hace cuatro años, el poder socialdemócrata propició un auge sin precedentes del movimiento para, acto seguido y sin explicaciones, promover su desplome y desaparición total sin haber alcanzado su objetivo central: ¡No a la Guerra!, es decir, abandono inmediato del escenario bélico por parte de las tropas españolas. Las diferencias entre los defensores de la «unidad de la izquierda» en torno al PSOE y quienes defendimos la independencia del MAG respecto a dicho partido, facilitó la desarticulación del movimiento contra la guerra, en nombre de la «unidad de la izquierda». El resultado fue la desactivación de un movimiento sin precedentes desde la transición, capaz de arrastrar a la movilización al PSOE, CCOO y UGT y con posibilidades de de pararle los pies al PP. Un año antes, el MAG obligó a la izquierda mayoritaria a apoyar una huelga general contra el sometimiento del Gobierno del PP a la CEOE y las multinacionales. El resultado fue la retirada del Decretazo contra la protección al desempleo. La explicación radica en la autonomía del movimiento respecto del PSOE. Por el contrario, en la primavera de 2003, un movimiento mucho más fuerte no fue capaz de impedir el sometimiento del PP a la política exterior de EEUU. La explicación radica en el control del movimiento por el PSOE y sus agencias.

La responsabilidad de los atentados del 11-M de Madrid es, en primer lugar, de quienes pusieron las bombas aquí. Pero esta acción no se explica sin contemplar a quienes, contra la opinión popular y las leyes nacionales e internacionales, tiraron las bombas allí. A su vez, el gobierno del PP no habría podido aguantar indefinidamente la presión sin la concurrencia de quienes manipularon y deshicieron un movimiento popular enorme. En último lugar y esto nos concierne a los movimientos sociales, el PSOE no nos habría controlado sin la ayuda de quienes, como paladines de la «unidad de la izquierda», renuncian a la autonomía de los movimientos sociales recortando sistemáticamente los contenidos que ponen en evidencia el compromiso profundo del PSOE con la guerra global del capitalismo contra los pueblos y los trabajadores. Con esta autocensura nos manifestamos el 17 de marzo, 4º aniversario de la invasión a Irak, en gozosa unidad contra la guerra detrás de las pancartas de un PSOE globalizador y belicista. A partir de aquí es imposible saber qué queremos decir con «No a la guerra».

Varios partidos y colectivos hemos iniciado un grupo de trabajo para evaluar la posibilidad de poner, primero a Aznar y después a su camarilla de falangistas donde deben estar, en la cárcel. Veremos si podemos superar la larga mano del PSOE.