Elkartzen ha recordado nuevamente el alto precio de los alquileres y ha afirmado que uno de los mínimos para garantizar el derecho a la vivienda es limitar el precio de éstos.

La plataforma responde así a una estudio sobre el precio de los alquileres que «viene a reflejar lo que desde Elkartzen y una buena parte del movimiento social y sindical de Euskal Herria se viene denunciando en los últimos años: el precio de los alquileres es muy caro y la oferta de alquiler, tanto pública como privada, es muy escasa».

La organización considera clave la utilización de viviendas vacías, «poniendo así freno al deterioro del medio ambiente, a la colonización del entorno rural...». «No nos cansaremos de decirlo -insisten-, no hace falta construir más para satisfacer la necesidad de acceso a primera vivienda. Con las 255.263 viviendas infrautilizadas existentes en Euskal Herria es más que suficiente para satisfacer el acceso a primera vivienda de toda la población».

En opinión de la plataforma, ese parque de vivienda debe ser utilizado en un alquiler acorde a los ingresos de las personas inquilinas -que no debe rebasar, a su juicio, el 15% de los ingresos-. «En ningún caso se deben impulsar iniciativas como el programa Bizigune del Gobierno de Gasteiz que, aunque a las personas inquilinas les cobra un alquiler inferior al del mercado, a las personas propietarias les completa ese alquiler hasta casi los precios del mercado». A juicio de Elkartzen, esto supone «un trasvase de dinero público a manos privadas».

«De primera necesidad»

El precio del alquiler «debe ser regulado en todos los casos -tanto si es público como si es privado-, ya que no es de recibo que la media del alquiler privado en Euskal Herria ronde los 900 euros». Así, proponen que al precio de alquiler, al igual que se hace con otra serie de artículos de primera necesidad, se le ponga un tope máximo.

Además de limitar el precio de la vivienda de alquiler, la plataforma propone la articulación de otras medidas: frenar la construcción masiva y el urbanismo salvaje, optimizar el parque de vivienda infrautilizado impulsando el alquiler social, establecer un sistema de adjudicación justo que supere el azar de los sorteos e informar y consultar a la población sobre los planes urbanísticos, dejando en manos de la población las decisiones en esta materia.