El representante de Askatasuna Julen Larrinaga manifestó que «el proceso ha fracasado, ha sido un fracaso colectivo porque todos hemos hecho algo mal», una valoración que enfrentó a «la necesidad, la voluntad que existe» en la sociedad vasca -aludió a las últimas encuestas sociológicas- de superar el contencioso político por medio de «un proceso democrático de resolución».

En ese contexto, se refirió a unas palabras del lehendakari Ibarretxe, pronunciadas hace más de un año, cuando el inquilino de Ajuria Enea aludió a «la oportunidad histórica» que se abría para una generación de políticos de solucionar el conflicto. El organismo antirrepresivo subrayó que lo ocurrido desde entonces debería ser motivo para que esa generación de políticos «se vaya a casa», salvo que reflexionen y aborden la situación «aprendiendo de lo ocurrido y abran la puerta a una nueva generación».

Larrinaga, junto con Oihana Agirre, expusieron, ayer en Bilbo, el balance de la represión política en Euskal Herria entre el 22 de marzo de 2006 y el 30 de junio de 2007 -por tanto, no está incluye el arresto de tres ciudadanos vascos ayer por la tarde en las inmediaciones de Donibane Garazi-, para concluir que en este período se ha dado «una utilización de la represión política como arma durante todo el proceso», toda vez que los datos ofrecidos son «calcados» a los «de hace cinco, diez o, incluso quince años».

Destacó Larrinaga que se han dado «pasos hacia atrás» en la política penitenciaria y lamentó que «no sirviera de nada» que dos presos políticos vascos murieran al inicio del proceso. Se refirió, asimismo, a la estrategia de ilegalización, así como a la sentencia del Tribunal Supremo español contra las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi, «que abre las puertas a la criminalización de miles de jóvenes independentistas».

Para Askatasuna, Euskal Herria vive una situación, desde el punto de vista de conculcación de derechos, «mucho más grave» que al inicio del proceso, y una «degradación evidente del Estado de Derecho». Subrayó que «Estado de Derecho y violencia de Estado son términos cada vez más sinónimos».

Tras citar al presidente del EBB del PNV, Josu Jon Imaz, «cuando dice que en la mesa de negociación de los partidos políticos había una pistola», Larrinaga comentó que se trata de «la pistola de la represión política, que ha sido puesta y que sigue puesta en la cabeza de la izquierda abertzale», algo que ha llevado, a su entender, a la encarcelación de Arnaldo Otegi e Iñaki de Juana.

592 presos políticos

Entre los datos ofrecidos por Askatasuna, cabe destacar los 592 presos políticos vascos que hay en la actualidad -sólo 16 se encuentran en cárceles ubicadas en Euskal Herria- y que se han registrado 24 accidentes de tráfico relacionados con las visitas. A 177 prisioneros les afectan las decisiones del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria; hay 11 con enfermedades incurables o gravemente enfermos; y 146 prisioneros han cumplido tres cuartas partes de la condena impuesta por los tribunales.

Además, Askatasuna ha contabilizado en este período 2.059 controles policiales en las carreteras del país, 95 cargas policiales y 125 los heridos por este motivo. A juicio de este organismo, «la degradación» del Estado de Derecho exige un consenso político y social «en torno a unas bases democráticas mínimas». Larrinaga reclamó «la restitución de derechos democráticos, la desactivación de todo mecanismo de imposición y la participación de los ciudadanos en la vida política. Si no se da un consenso social y político en torno a estas bases democráticas, es imposible abordar un proceso democrático, quizá sí un proceso político, pero fracasaría», precisó.

El portavoz del organismo antirrepresivo reprochó tanto al PNV como al PSOE que no hayan querido «abordar con voluntad la necesidad de un cambio democrático, a modo de segunda transición», y les achacó intentar hablar de un acuerdo político «de un modo técnico y sin base democrática».