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Askatasuna defiende la necesidad de un proceso democrátic

Askatasuna dio a conocer ayer los datos de la represión política en Euskal Herria desde marzo de 2006, es decir, el tiempo en que se ha mantenido vigente el proceso, para concluir que «la utilización de la represión política ha traído un alto nivel de degradación del Estado de Derecho». Según Julen Larrinaga, el fracaso del proceso «ha sido un fracaso colectivo», aunque añadió que existe «necesidad» y «voluntad» de afrontar un proceso democrático.

Kepa PETRALANDA |

El representante de Askatasuna Julen Larrinaga manifestó que «el proceso ha fracasado, ha sido un fracaso colectivo porque todos hemos hecho algo mal», una valoración que enfrentó a «la necesidad, la voluntad que existe» en la sociedad vasca -aludió a las últimas encuestas sociológicas- de superar el contencioso político por medio de «un proceso democrático de resolución».

En ese contexto, se refirió a unas palabras del lehendakari Ibarretxe, pronunciadas hace más de un año, cuando el inquilino de Ajuria Enea aludió a «la oportunidad histórica» que se abría para una generación de políticos de solucionar el conflicto. El organismo antirrepresivo subrayó que lo ocurrido desde entonces debería ser motivo para que esa generación de políticos «se vaya a casa», salvo que reflexionen y aborden la situación «aprendiendo de lo ocurrido y abran la puerta a una nueva generación».

Larrinaga, junto con Oihana Agirre, expusieron, ayer en Bilbo, el balance de la represión política en Euskal Herria entre el 22 de marzo de 2006 y el 30 de junio de 2007 -por tanto, no está incluye el arresto de tres ciudadanos vascos ayer por la tarde en las inmediaciones de Donibane Garazi-, para concluir que en este período se ha dado «una utilización de la represión política como arma durante todo el proceso», toda vez que los datos ofrecidos son «calcados» a los «de hace cinco, diez o, incluso quince años».

Destacó Larrinaga que se han dado «pasos hacia atrás» en la política penitenciaria y lamentó que «no sirviera de nada» que dos presos políticos vascos murieran al inicio del proceso. Se refirió, asimismo, a la estrategia de ilegalización, así como a la sentencia del Tribunal Supremo español contra las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi, «que abre las puertas a la criminalización de miles de jóvenes independentistas».

Para Askatasuna, Euskal Herria vive una situación, desde el punto de vista de conculcación de derechos, «mucho más grave» que al inicio del proceso, y una «degradación evidente del Estado de Derecho». Subrayó que «Estado de Derecho y violencia de Estado son términos cada vez más sinónimos».

Tras citar al presidente del EBB del PNV, Josu Jon Imaz, «cuando dice que en la mesa de negociación de los partidos políticos había una pistola», Larrinaga comentó que se trata de «la pistola de la represión política, que ha sido puesta y que sigue puesta en la cabeza de la izquierda abertzale», algo que ha llevado, a su entender, a la encarcelación de Arnaldo Otegi e Iñaki de Juana.

592 presos políticos

Entre los datos ofrecidos por Askatasuna, cabe destacar los 592 presos políticos vascos que hay en la actualidad -sólo 16 se encuentran en cárceles ubicadas en Euskal Herria- y que se han registrado 24 accidentes de tráfico relacionados con las visitas. A 177 prisioneros les afectan las decisiones del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria; hay 11 con enfermedades incurables o gravemente enfermos; y 146 prisioneros han cumplido tres cuartas partes de la condena impuesta por los tribunales.

Además, Askatasuna ha contabilizado en este período 2.059 controles policiales en las carreteras del país, 95 cargas policiales y 125 los heridos por este motivo. A juicio de este organismo, «la degradación» del Estado de Derecho exige un consenso político y social «en torno a unas bases democráticas mínimas». Larrinaga reclamó «la restitución de derechos democráticos, la desactivación de todo mecanismo de imposición y la participación de los ciudadanos en la vida política. Si no se da un consenso social y político en torno a estas bases democráticas, es imposible abordar un proceso democrático, quizá sí un proceso político, pero fracasaría», precisó.

El portavoz del organismo antirrepresivo reprochó tanto al PNV como al PSOE que no hayan querido «abordar con voluntad la necesidad de un cambio democrático, a modo de segunda transición», y les achacó intentar hablar de un acuerdo político «de un modo técnico y sin base democrática».

utilización

Askatasuna considera que entre marzo de 2006 y junio de 2007 se produjo «una utilización de la represión política como arma», contabilizándose datos «calcados» a los registrados «incluso 15 años atrás».

oportunidad

Aludió a unas palabras de Ibarretxe en las que éste aludía a la «oportunidad histórica» de la actual generación de políticos, para concluir que «deberían irse a casa, salvo que reflexionen y aprendan».

La Fiscalía española también aporta su propio balance

El balance de la represión política en Euskal Herria entre el 22 de marzo de 2006 y el 30 de junio de 2007 cifra en 307 el número de personas detenidas, 79 de ellas bajo incomunicación. Y hubo 196 detenciones en diferentes movilizaciones.

Según los datos de Askatasuna, en 90 casos los detenidos fueron encarcelados, y se registraron 15 denuncias de torturas. Fueron, además, 62 las ciudadanas y ciudadanos vascos citados a declarar en la Audiencia Nacional española como consecuencia de la estrategia ilegalizadora. También cifra Askatasuna en 20 los presos políticos a los que se ha aplicado la «cadena perpetua». Precisamente, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, cifró ayer en 13 los presos a los que se ha aplicado la «doctrina Parot» en ese periodo.

En los Cursos de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos, en Aranjuez (Madrid), Javier Zaragoza cifró en 110 las órdenes de detención cursadas entre enero de 2006 y junio de 2007. De ellos, 62 fueron en el Estado español, 42 en el francés y 6 en otros países. Habló de 55 acusados en 89 juicios, que han afectado a 200 personas, y de 79 sentencias contra 145 ciudadanos en relación con el independentismo vasco. Enumeró, además, los pilares en los que se sustenta la «lucha contra ETA». El primero de ellos, aclaró, se trata de las detenciones en el extranjero; la segunda regla es «el incremento de la entregas»; la tercera, «no variar ni un ápice la política penitenciaria», y, por último, la celebración de macrojuicios. K.P.

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