La nueva norma permitirá elaborar un vino de Rioja a miles de kilómetros del lugar de origen de la uva. Supone una ruptura de la relación de la tierra y la tradición, que es la esencia de la denominación de origen». Así definió la reforma del mercado del vino propuesta por la Comisión Europea, Riccardo Ricci, uno de los representantes de las cinco denominaciones de origen europeas que se han aliado contra la reforma. Bruselas quiere que los productores de vino se adapten a la regulación del mercado.

Su objetivo es hacer frente a la competencia de caldos chilenos, argentinos o de Estados Unidos, que se están colando en los mercados europeos. La UE es el primer productor mundial de vino, pero está perdiendo cuota a la vez que en su propio mercado se introducen vinos de otros orígenes. Y la forma en que Bruselas quiere combatir esa competencia es eliminando los vinos que no encuentren salida al mercado sin subvenciones. Así, propone que sea el mercado el único regulador del sector. Pero esta filosofía choca con las producciones de calidad que se han autoregulado y que ahora ven que se abren las puertas a una producción globalizada sin límites al volumen de viñedos o a etiquetas que pueden confundirse con las que distinguen un vino de calidad.

Arranque de viñedos

La medida más llamativa del texto que presentó la Comisión el pasado miércoles es el arranque de viñedos. De las 400.000 hectáreas que propuso arrancar en un principio ha pasado a 200.000, el 6% del total en la UE, ante la previsible oposición generalizada. Con ello quiere eliminar excedentes. Con el mismo objetivo quiere dejar de subvencionar la destilación, es decir, el uso de vino que no se vende para producción de brandy.

Para fomentar el abandono dispone de 1.200 millones de euros para repartir primas a los agricultores en cinco años. Pero quiere que el abandono se produzca cuanto antes, por lo que las primas serán mayores en los primeros años (7.174 euros por hectárea el primer año). En zonas como Rioja Alavesa la medida del arranque no debería afectar en gran medida, ya que, bajo los criterios de la Denominación de Origen Calificada Rioja, la producción se autolimita para aumentar la calidad y buscar su rentabilidad. Pero la situación cambiaría si la reforma provoca una caída de precios.

Los agricultores prefieren que se destine el dinero dedicado al arranque a apoyar la comercialización y la modernización de estructuras, para garantizar precios y rentabilidad.

Aunque el arranque sería voluntario, Bruselas deja a los estados miembros la capacidad de limitarlo en zonas de montaña, zonas sensibles que podrían desertizase o si llega a alcanzar el 10% de la superficie cultivada del país. El ministro francés de Agricultura, Michel Barnier, ya ha afirmado que «el arranque debe ser limitado y particularmente encuadrado para servir a la mejora de la viña, y sobre base voluntaria». A ese respecto, pidió que se contemple el arranque temporal.

liberalizacion

Pero la segunda fase sí que puede crear problemas en Errioxa y es la que mayor rechazo suscita entre agricultores y denominaciones de origen en Europa. Se trata de la liberalización de las plantaciones. Después de haber promovido el arranque, Bruselas quiere eliminar cualquier restricción a plantar nuevas cepas. Actualmente, es necesario un derecho de plantación para cultivar viñedo. En el caso de denominaciones de origen como Rioja, son ellas mismas las que limitan las hectáreas dedicadas al cultivo e incluso la producción máxima por hectárea, con lo que consiguen aumentar su calidad, pero la propuesta de Bruselas no contempla esta opción.

Cinco denominaciones de origen del Estado español, Estado francés, Portugal e Italia, que representan el 80% de los productores de vino con denominación, han mostrado por ello su rechazo a la reforma. Consideran que el concepto de Denominación propuesto por Bruselas es tan ambiguo que grandes empresas podrían producir vino con uvas de Rioja en otro país, pero bajo esa denominación.

El Pleno del Consejo Regulador de la DOC Rioja exigió el viernes, a propuesta del sindicato alavés UAGA, que Bruselas acepte blindar las denominaciones de origen para que asuman las competencias de autorizar o no nuevas plantaciones. Por unanimidad, el Consejo rechazó la liberalización, ya que opina que va a poner en riesgo el actual sistema que equilibra la oferta y la demanda, sosteniendo los precios y la renta del agricultor. Si se autoriza a plantar sin límite, «existiría el riesgo de superproducción y pondría en serio peligro tanto los precios como el futuro del conjunto de la Denominación», aseguró UAGA.

En el Estado francés, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), también se opone tajantemente a a la liberalización del derecho de plantación después de 2013 «porque acarrearía una desestabilización en zonas vinícolas que funcionan», y advirtió del riesgo de deslocalización de una parte del sector en el interior de la Unión. El propio Gobierno francés cree que «sería totalmente inoportuna y peligrosa». El ministro de Agricultura galo se quejo de que al suprimir sin dar una alternativa los mecanismos de gestión del mercado, «la comisión asume el riesgo de dejar que las inevitables variaciones de producción se transformen en crisis graves».

En cambio, el Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV) mostró su apoyo a la propuesta legislativa. Esta organización reúne a 23 asociaciones estatales de vinos, espumosos, aromatizados, licores y otros productos vinícolas, a más de 70.000 empresas y concentra más del 90% de las exportaciones europeas de vino, con una cifra de negocios anual de 4.500 millones de euros. En su opinión, la reforma supondrá un impulso a su «competitividad y su desarrollo sostenible». Pero quiere adelantar la fecha de eliminación de la prohibición de nuevas plantaciones y ve necesaria «una mayor ambición en la conquista de nuevos mercados y consumidores».

Igualmente, la liberalización ha sido muy bien acogida por la Federación Española del Vino (FEV), que agrupa a las grandes bodegas. Su presidente, Pau Roca, no sólo la apoya sino que está preocupado por que «no haya una liberalización del viñedo desde ya», en lugar de esperar a 2014. En su opinión retrasarla es «una equivocación».

Por otro lado, las denominaciones de origen como Rioja cuentan para competir en el mercado con un etiquetado que les distingue. Pero la propuesta de Bruselas también pone en riesgo esta distinción. Según la comisaria de Agricultura, se tratará de un sistema «más claro, más coherente y más orientado al mercado» .

Libertad de etiquetado

Se elimina la distinción entre reglas de etiquetado para vinos con y sin denominación de origen y se admite que vinos sin este estatus puedan incluir la indicación de la variedad de uva y el año de la cosecha. De esta forma, vinos comunes podrían aparecer ante el consumidor con una apariencia de mayor calidad, para perjuicio del trabajo realizado en determinadas zonas.

El Consejo de la DOC Rioja también propuso que la OCM mantenga la identidad diferenciada de los vinos de calidad respecto a los vinos de mesa, mostrando su oposición a que estos últimos puedan incluir en el etiquetado la añada, variedad o nombres similares a los de otros países.

A este respecto, los agricultores franceses de la FNSEA subrayaron su voluntad de mantener las denominaciones de origen, que en el Estado francés son más de 450.

El presupuesto de la nueva organización del mercado del vino prevé que los estados miembros de la UE también puedan repartir ayudas. Para ello, el nuevo sistema contempla la asignación a cada Gobierno europeo de un «sobre nacional». Esta cantidad se calculará, según la norma de Bruselas, teniendo en cuenta en un 50% las cantidades percibidas históricamente, en un 25% en relación a su superficie cultivable de cepas y en el 25% restante en relación a su producción de vino.

Estas dotaciones. según Fischer Boer, permitirán que los estados miembros puedan elaborar programas más adaptados para sus distintas regiones de cara a la reforma. Así, podrán financiar medidas para promocionar el vino en mercados no europeos, la reestructuración de viñedos o un régimen de seguros a través de la creación de mutuas.

Aquí se jugarán buena parte de las disputas de la negociación de los próximos meses. La Comisión ya ha aumentado el montante previsto para el Estado español, Italia y Rumanía respecto a su propuesta inicial.

En términos generales, el presupuesto de la OCM reformada se mantendrá en los 1.300 millones de euros actuales, pero la Comisión quiere redistribuirlos. Algunas ayudas serán eliminadas, como las que actualmente subvencionan la destilación -unos 500 millones anuales-. Se trata de ayudas a vino excedente que se dedica a la producción de brandy. También se prevé eliminar la subvención para la importación de mosto -otros 200 millones, según calculó la comisaria-. Bruselas propone ahora dedicar este dinero a medidas de desarrollo rural, conservación de paisaje, mejoras en la comercialización o ayudas a jóvenes productores.

Otra de las prácticas que se pretende eliminar es la denominada «chaptalización», el enriquecimiento artificial del vino con azúcar, una práctica más habitual en los países del norte europeo y a cuya prohibición se oponen Alemania o Austria. Esta es, junto a la prohibición de vinificar los mostos importados, la única medida que UAGA ve con buenos ojos.

Bodegas y agricultores piden un período transitorio para algunas de estas medidas. El presidente del grupo Vinos de la asociación de agricultores europeos Copa-Cogeca, Jean-Louis Piton, afirmó que un período transitorio está justificado en el caso de la destilación de alcohol de uso de boca para no desabastecer a las empresas de brandy. Para estos agricultores, la reforma tal y como está planteada barrería el sector en la UE porque persigue «un modelo vitivinícola californiano, australiano, pero no europeo».