Como aborrezco las medidas demagógicas de los gobiernos, pensaba dedicar este txoko a criticar la última del Gobierno español: los 2.500 euros por un nuevo nacimiento o adopción. Ya no hace falta. Txisko Fernández me ha tomado la delantera y en su excelente artículo del viernes pasado «Procrear no debe ser cuestión del Estado» trata el tema mucho mejor de lo que hubiera hecho yo, poniendo el acento en las cuestiones que me preocupan «pura demagogia... y medida radicalmente antidemocrática y antisocial». Recomiendo vivamente su lectura.

Sin embargo, ese Gobierno que se autotitula feminista y tiene a gala presumir de tener la legislación más progresista de la UE, una vez más se niega a hincarle el diente a un problema grave, la despenalización del aborto en las primeras semanas. ¡Claro! Esta no sería una medida electoralista aplaudida por los sectores conservadores de la sociedad, ni por supuesto por la sacrosanta Iglesia católica que ha llegado a promover un boicot activo contra Amnistía Internacional por pedir el aborto para las mujeres víctimas de violaciones, pero sin embargo sí es una medida totalmente necesaria. En el Estado español, según un estudio del CIS, las tasas de abortos entre las adolescentes casi se duplicaron en la pasada década. En ese mismo período, la CAPV registró un aumento del 2,7% en mujeres de 15 a 44 años.

Pues bien, una vez más un Gobierno del PSOE ha abortado una proposición no de Ley -de IU-ICV- para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en sus primeras 14 semanas. La diputada del PSOE, Pilar López, aseguró que su grupo comparte en esencia el fondo de la propuesta, pero señaló la necesidad de «un cambio tranquilo y consensuado». Puro cinismo, pues bien saben que no van a conseguir ese consenso, y cobardía para afrontar lo que le es exigible a un gobierno aunque no sea una medida popular. Que tomen ejemplo de Portugal que, contra viento y marea, lo ha despenalizado.

Y le es exigible porque se realizan muchos abortos clandestinos, casi siempre de mujeres sin recursos, con riesgo para sus vidas. Ahí están las miles que toman Cytotec, un protector estomacal que se vende por internet para interrumpir el embarazo y que tiene graves efectos secundarios. Para colmo, la sanidad pública no asume ni siquiera el total de los abortos en los tres supuestos legales como es su obligación. Entre la objeción de conciencia y las listas de espera, el caso es que ese raquítico derecho al aborto lo acaba cubriendo la sanidad privada. Y las que acaban pagando económica y emocionalmente son las mujeres.

Ya es hora, por tanto, de enfrentar el problema y legislar. Además de realizar campañas de información que deberían ir acompañadas del libre acceso a la píldora del día siguiente, ya que las y los ginecólogos están convencidos de que si la Administración no pusiera tantas trabas para su adquisición se evitarían el 70% de los embarazos no deseados, sobre todo en las adolescentes. ¡Pues ni siquiera eso!