El Ejecutivo comunitario y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), un órgano independiente de la Comisión, hicieron públicos ayer sendos informes sobre fraude. Bruselas señaló que en el conjunto de la UE se notificaron un total de 12.000 irregularidades por valor de 1.155 millones de euros.

El ejecutivo de la UE recordó que el fraude es «una irregularidad cometida intencionalmente» y constitutiva de «un acto delictivo que solamente el juez puede calificar». Subrayó que su impacto financiero real sólo puede medirse al término del proceso judicial.

El capítulo presupuestario en el que, un año más, se produjo más fraude fueron los Fondos Estructurales y de Cohesión, con un importe estimado de 157,6 millones de euros (703 millones desviados si se incluye todo tipo de irregularidades, el 17% más que en 2006).

En el capítulo de ayudas agrícolas, el Estado español fue el Estado miembro con mayor número de irregularidades, un total de 683 casos cuyo importe asciende a 26 millones de euros (el 0,39% del gasto agrícola). La mayoría de problemas se registraron en el desarrollo rural, las ayudas a frutas y verduras y a la carne de bovino y de ternera, y las subvenciones a las exportaciones.

Por detrás se sitúan Italia (con posibles fraudes que superan los 20 millones de euros), el Estado francés (11,6 millones), Alemania (7,3 millones), Países Bajos (5,7 millones) y Portugal (3,7 millones). Globalmente, el número de irregularidades aumentó un 3% respecto al año anterior, pero el volumen de fondos afectado fue un 13% inferior.

Por lo que se refiere a los fondos estructurales, el número de irregularidades detectado por el Estado español el año pasado fue de 346, con un coste financiero de 85 millones de euros. En este capítulo, Italia supera ampliamente a la delegación española con 744 casos y 228 millones de euros afectados por posibles fraudes. A continuación se sitúan Gran Bretaña (223 casos; 60 millones), Portugal (440 casos; 37 millones) y Alemania (321 casos; 27 millones). En conjunto, el número de casos cayó un 10% pero su impacto financiero se incrementó un 17% hasta situarse en 703 millones.

Paralelamente a este informe, la Oficina europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) dio a conocer que el pasado año recuperó 450,35 millones de euros perdidos por fraude y otras irregu- laridades. De esa cantidad, 113,8 millones de euros proceden de casos cerrados y otros 336,5 millones de acciones que estaban en fase de seguimiento al final del ejercicio.

El mayor número de casos pendientes afecta a gastos directos (118), seguido de aduanas (111); investigaciones internas (91); agricultura (65) y fondos estructurales (46).