SOS Racismo ha criticado la actuación de la Fiscalía y de la Diputación de Gipuzkoa en el procedimiento para documentar a los menores extranjeros no acompañados. Según esta organización, entre los días 27 y 28 de junio la institución foral notificó a 14 menores extranjeros la extinción de la tutela, «en el caso de varios de ellos, en aplicación del decreto de Fiscalía tras la realización de la correspondiente prueba médica».

Estos hechos, denuncia SOS Racismo, vuelven a poner de actualidad una situación que viene repitiéndose de manera regular desde la adopción por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa en el año 2006 de una circular. En ella, recuerda esta organización, «se establecía la práctica generalizada de la prueba de edad cuando el menor alcanzaba, según su documentación, los diecisiete años, a la vez que se señalaba que el resultado de la prueba forense prevalecía sobre la edad que figurase en la documentación».

En opinión de SOS Racismo, esta actuación deja a muchos de estos menores «en una situación de indefensión jurídica, ya que la edad que fija la Fiscalía no tiene validez ni ante la Subdelegación del Gobierno ni ante la Policía de fronteras, para quienes la única edad válida es la que consta en el pasaporte expedido por la autoridad consular». Así, la organización por los derechos de los inmigrantes, aseveró que los únicos persona perjudicados son los y las menores. Criticó también la actuación de la Diputación de Gipuzkoa ya que, al ser la responsable legal de estos menores, «debería impugnar la decisión de la Fiscalía, al ser contraria al interés de éstos».

Pidió, a su vez, que las administraciones públicas, Fiscalía y Diputación en este caso, «se atengan a lo que se fija en la Ley del Menor» para que se construya «un verdadero modelo de trato digno y respeto» hacia los y las menores extranjeros.

La migración, a debate

La inmigración fue, por su parte, uno de los temas a tratar ayer en los Cursos de Verano de la UPV-EHU, donde la profesora de la Facultad de Derecho Juana Goizueta destacó, durante la presentación, la necesidad de reflexionar sobre «la no exclusividad de la competencia estatal» en esta materia. Recordó que en los últimos años se han intensificado los procesos migratorios, por lo que considera necesario «generar un foro de reflexión, desde el ámbito académico, para debatir con seriedad y rigor sobre los retos que plantea la política migratoria común».