El ministro federal de Interior, Wolfgang Schäuble, una vez más, ha saltado a la palestra desgranando ante los medios sus ideas sobre la «lucha antiterrorista», pero este pasado fin de semana ha ido un poco más allá, y entre las cuestiones o propuestas de acción o de debate ha introducido temas tales como la posibilidad de «ejecución selectiva de sospechosos de terrorismo», encarcelamientos preventivos, introducción del delito de «conspiración», mayor control de las comunicaciones... Todo ello según la «doctrina» implantada en Estados Unidos tras el 11-S. No es nuevo que Schäuble hable en estos términos, pero muchos opinan en Alemania que esta vez se ha pasado y que sus palabras exigen una reacción inmediata de Angela Merkel. Pero la canciller, de momento, calla. Además, algunas de esas reacciones se asemejan más a una pose obligada que a convicción democrática. El SPD (Partido Socialdemócrata coaligado a la CDU de Merkel en el Gobierno federal), por ejemplo, ha respondido con dureza al ministro de Interior, pero desde la izquierda alemana se recuerda que ya en la legislatura anterior socialdemócratas y verdes promovieron leyes que amenazaban tanto los derechos civiles de los ciudadanos como la propia Constitución alemana. Además, en la cumbre del G8 que tuvo lugar hace un mes en Heiligendamm Merkel comenzó, de facto, a militarizar la política interior alemana. El Gobierno de coalición utilizó soldados alemanes dentro del país y lo hizo sin informar debidamente al Parlamento, a pesar de que Die Linke pidió explicaciones expresas por esa decisión contraria a la Ley Fundamental alemana, que establece que el Ejército sólo puede actuar en territorio alemán en casos de catástrofes naturales o accidentes.

Los medios de izquierda han recordado a Schäuble que la pena de muerte está prohibida en Alemania y que la «seguridad nacional» jamás puede servir de excusa para crear un «Guantánamo alemán». Sea como fuere, Berlín parece empeñada en engrosar la lista de estados europeos que vienen imponiendo cada vez más restricciones a los derechos civiles desde el 11-S.