Rechazos y matices al iniciar la UE la negociación sobre el sector del vino
En su primer encuentro negociador, los estados vinícolas de la Unión Europea acogieron con posturas dispares la reforma del mercado del vino propuesta por Bruselas, con el rechazo frontal del Estado francés, Alemania y los centroeuropeos, mientras que otros, como el Estado español, evitaron una oposición tajante y pidieron «mejoras» y «plazos transitorios». El eje de la reforma es la liberalización del sector.
GARA |
Los ministros de Agricultura de los Veintisiete empezaron ayer la negociación para la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino, sobre un proyecto que prevé el arranque voluntario de viñas y un cambio en el reparto de las ayudas al sector vitivinícola.
La propuesta, que expuso la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, prevé medidas para fomentar el arranque voluntario de 200.000 hectáreas de vid (el 6% de la superficie de viñedos de la UE) en cinco años, para después liberalizar la producción y suprimir los actuales derechos de plantación, que ahora restringen el cultivo.
Bruselas pretende mantener el presupuesto de la OCM (1.300 millones de euros al año), pero quiere cambiar la forma de distribuirlo y suprimir de inmediato ayudas actuales como a la destilación de crisis, al mosto o a la destilación de excedentes para producir brandy.
La comisaria señaló que el objetivo es hacer el sector del vino de la UE «más competitivo», frente al avance de exportadores como Chile o Australia.
En el primer día de esta negociación, que durará meses, el Estado francés (primer productor comunitario), Alemania, Austria, Hungría, Eslovaquia y Luxemburgo, reaccionaron en el Consejo de Agricultura de una forma muy negativa sobre la propuesta de Bruselas, según fuentes comunitarias.
Sin embargo, los del sur, como Italia (segundo productor), el Estado español (tercero), Portugal (cuarto), Grecia, Rumanía, Bulgaria y Rumanía reclamaron «mejoras» aunque con una actitud «más abierta» hacia las ideas de la CE. La ministra de Agricultura española, Elena Espinosa, solicitó períodos transitorios antes de que acaben las ayudas al mosto o las que van a la destilación de alcohol utilizado en el brandy, con el fin de que las industrias interesadas tengan tiempo de adaptarse «sin traumas» a la nueva situación.
Liberalización
Por otra parte, la ministra reconoció que la liberalización de los derechos de plantación está creando inquietudes entre las denominaciones de origen. Las denominaciones, incluida la de Rioja, ven con preocupación que la eliminación de los límites a las plantaciones puede inundar el mercado de vinos de escasa calidad, incluso en sus propias comarcas, para perjuicio de las producciones que hasta ahora se han autorregulado para hacer de la calidad el elemento con el que compiten en el mercado.
Dentro de la negociación, otro punto de conflicto será la distribución de los llamados «sobres nacionales» o asignaciones que Bruselas quiere dar a cada país, para repartirlas en apoyos al sector según su criterio. Alemania criticó este nuevo sistema, pues argumentó que esos sobres serán «una carga»; asimismo, los 12 países que entraron a la UE desde 2004 se oponen que se tengan en cuenta criterios históricos a la hora de repartir el dinero.
Otra idea de Bruselas que suscita reacciones muy enfrentadas es la prohibición de añadir azúcar al vino o «chaptalización», una práctica extendida en el norte europeo y que rechazaron Luxemburgo, Alemania, Austria y Estado francés y, con más moderación, Gran Bretaña la República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría y Holanda.
Por el contrario, Italia y el Estado español apoyan a la CE y opinan que esa medida es «una piedra angular» de la reforma.
En cuanto al arranque, Madrid ha valorado que Bruselas haya rebajado a la mitad sus expectativas para que «no sea el eje de la reforma», mientras que el Estado francés, Austria, Alemania, Bulgaria y Hungría recalcaron que no solucionará los problemas del sector.
El consejero de Agricultura del Gobierno de Lakua, Gonzalo Sáenz de Samaniego, opinó que la propuesta de reforma de la OCM del vino de Bruselas es «bastante agresiva» porque plantea el arranque voluntario de 200.000 hectáreas de viñedo y un cambio en la forma de repartir los fondos destinados al sector. Admitió la necesidad de una reforma, aunque defendió que se realice sobre bases distintas a ésta que, a su entender, «no adopta decisiones clave a la hora de defender en el modelo vinícola europeo». Opinó que, con su propuesta, la Comisión se acompleja ante «la agresividad comercial que tienen otros productores de vinos de peores calidades» del cono sur americano, donde «no hay límites de producción» y no atienden de forma particular a la vinculación al territorio y a una cultura vitivinícola o a un proyecto de calidad.
A su juicio, las ayudas económicas de la UE deberían destinarse a explotaciones que quieran seguir activas, sin vincularlas «de una forma importante» al arranque de viñedos. «También somos contrarios a la liberalización de los derechos de plantación a partir de 2014», añadió el consejero, quien consideró imprescindible que sean las comunidades autonómicas afectadas y las denominaciones de origen las que tengan capacidad de decidir sobre la apertura de derechos.
Aseguró que «la línea de trabajo que debiera adoptar Bruselas es defender el modelo de denominación de origen europeo, que es el que verdaderamente lidera la producción de vinos de calidad y hacia donde se deberían enfocar todos los esfuerzos».
La UE produce 185 millones de hectolitros de vino al año, con el Estado francés (53), Italia (50) y Estado español (45) como principales productores; Son también los tres primeros productores del mundo.
