El Estatut de Catalunya ha muerto. No vale, nunca deberá entrar en vigor. Lo siento por los catalanes que le dieron su apoyo: lo intentaron, pero no llegaron a los mínimos democráticos. No llegaron a los mínimos que la Unión Europea impuso en Montenegro: más del 55% de votos afirmativos a una pregunta clara, con una participación mínima del 50% del electorado. Los montenegrinos cumplieron (con la oposición de la comunidad serbia), pero los catalanes no llegaron. Sin embargo, dio igual, entre otras cosas porque son multitud las consultas que en Europa no llegan a esos mínimos. Y porque esos porcentajes mínimos no son un planteamiento básico de la democracia, sino que estaban pensados ex profeso para Montenegro.

Pero no es esa la razón por la que el Estatut de Catalunya está muerto. Ni siquiera los recursos de inconstitucionalidad que el PP, varios de sus gobiernos autonómicos y el defensor del pueblo han presentado. El Estatut está muerto porque no tiene los consensos básicos necesarios para la reforma de cualquier estatuto: mayor nivel de consenso que el estatuto que viene a reformar. Y eso no se dio en Catalunya, donde PP y ERC se opusieron al nuevo Estatut (y los republicanos apoyaron el viejo), y el número y porcentaje de voto del nuevo Estatut fue menor que el antiguo. Así que, con esos datos y la doctrina Imaz, está claro que el Estatut no debe entrar en vigor. Imaz está empeñado en un planteamiento que no tiene nada de democrático, por mucho que se empeñe en darle ese ropaje. Su planteamiento de «no imponer, no impedir» parte de un buen titular, y ahí se acaba su recorrido.

En democracia, las mayorías parlamentarias no «imponen» sus planteamientos. Se supone que para eso se eligen los parlamentos, incluso el vasco. Para que hagan política, busquen el mayor apoyo posible y saquen adelante los planteamientos con el respaldo mayoritario de los representantes de la voluntad popular. Precisamente eso que ha ocurrido tantas veces en tantos parlamentos con tantos proyectos, leyes... fue lo que ocurrió con el plan que el lehendakari Ibarretxe llevó al Parlamento Vasco y éste hizo suyo por mayoría. En diciembre de 2004, si la memoria no me falla. ¡Hace ya tanto tiempo! Y ahora nos sale el presidente del PNV diciendo que no, que no se puede llevar a consulta. Una vez más, incumplen su compromiso electoral: no va a haber consulta. Porque no. Y porque sería hacerle el juego a ETA. Como si a ETA le hicieran falta banderines de enganche. Como si no supiéramos que hagamos lo que hagamos ellos van a seguir sintiéndose la vanguardia armada de las esencias vascas. Si hay referéndum, porque no asume la territorialidad y si no lo hay, porque no se le da la palabra al pueblo. Ellos a lo suyo y contra todos. El señor Imaz plantea abandonar la acción política mientras ETA siga en activo, niega a la clase política de este país el poder buscar soluciones y el poder realizar aportaciones al proceso de normalización. Porque mientras ETA exista, no se puede debatir, y la ciudadanía no puede expresarse libremente.

Así que la razón del no-referéndum habrá que buscarla en otro sitio. O tal vez hay que darle la vuelta al planteamiento para entender lo que falla en la propuesta del no que ha hecho el presidente (y candidato a presidente) del PNV. Tal vez haya que entender que «no imponer» se debe aplicar a quienes llevan años imponiendo. Por supuesto ETA, que lleva años imponiendo su práctica degenerativa y prefiere un acuerdo que le permita salvar la cara, aunque en clave nacional sea malo, que un acuerdo entre nacionalistas que ni busque ni espere su bendición. Por supuesto, PSOE y PP, que llevan décadas diciendo qué podemos y qué no podemos decidir, «mientras exista el terrorismo». Imponiendo el statu quo. El «no impedir», por su parte, se tiene que aplicar a aquellos que tienen la obligación de buscar las fórmulas para que este país avance. Aunque los etakides y su cohorte no quieran que avance sin su concurso, aunque los nacionalistas españoles no quieran que avance en absoluto. La mayoría parlamentaria de este país hizo una propuesta y es responsabilidad de su gobierno no im- pedir que la ciudadanía diga si asume o no dicha propuesta.

Y salga lo que salga, todos a cumplir la voluntad clara y democrática de la ciudadanía de la CAV: si sale sí, para pactar con el Estado cómo llevamos a término el mandato popular (ésa y no otra es la necesidad de pactar: la forma, no el contenido; el cómo, no el qué), si sale no, asumiendo por ejemplo lo estipulado por la Unión Europea para el referéndum de Montenegro: ha de pasar un tiempo dado para volver a presentar una propuesta similar.