El sindicato LAB estima que el supuesto fraude de la oficina de Hacienda de Irun no hubiera sido posible sin una serie de cómplices para crear, dentro de la propia Diputación, una «maquinaria de fraude» al servicio de una «amplia red» para llevar a cabo un «robo organizado a gran escala a la sociedad». La central abertzale exigió que se depuren las responsabilidades políticas e indicó que puede haber muchos intereses políticos en utilizar al principal imputado, José María Bravo, como cabeza de turco, ya que LAB sospecha que el alcance de la «red» no termina con la familia Bravo. Demostrarlo será otro de los objetivos del sindicato.

Díez Usabiaga explicó en Donostia las inquietudes de LAB en relación al caso de Irun en compañía Ainhoa Etxaide, Amaia Almiral y Txomin Lorca.

El secretario general indicó que de «diferentes maneras hemos denunciado la política fiscal retrógrada de la Diputación, hemos denunciado la pasividad de la Diputación ante el fraude fiscal; hemos denunciado las medidas que sólo beneficiaban a los empresarios -impuesto de sociedades- pero no a la sociedad; pero el colmo es ver, con datos en la mano, cómo en la Diputación existía una maquinaria de fraude que ha funcionado en red con la complicidad de muchas personas, y también unos responsables administrativos y políticos. Un caso de robo organizado a gran escala. Resulta que el repartidor de donuts es ahora un multimillonario», indicó Díez Usabiaga en referencia al ex senador del PNV Víctor Bravo.

En este sentido, el responsable de LAB denunció las irregularidades cometidas por la institución foral con «nombramientos que han incumplido la Ley función pública» y ha permitidó a «muchas personas situarse en puntos neurálgicos para poder desarrollar esa red de fraude», añadió.

El diseño de la trama

Desde esos «puntos neurálgicos» la «organizada red de fraude» utilizaba dos métodos para saquear las arcas públicas. Por un lado, se dedicaban al cobro de deudas fiscales, dinero que nunca llegaba a la Hacienda y, por otro, participaban en procesos de liquidación de empresas. En este punto, Díez señaló que estos «y las correspondientes recalificaciones de terrenos han generado enormes pelotazos inmobilizarios y económicos». El secretario general de LAB citó dos casos: el de la empresa eibarresa Alfa y Contadores.

En opinión de LAB, el «diseño del fraude» incluía la creación de empresas para «blanquear dinero» y de otras para «entorpecer las investigaciones». Detrás de esas empresas, apunta el sindicato, «hay unas personas y tras ellas unas responsabilidades políticas».

Díez indicó que «hablar de responsabilidades políticas es algo objetivo», porque la supuesta trama de fraude funcionó desde los años 90. Demasiados años para que irregularidades de semejante calado no sean detectadas. «Es imposible hacer esto -afirmó Díez- sin ningún tipo de complicidad: crear en pleno siglo XXI, en el marco de una Hacienda informatizada una red así».

LAB sospecha que el fraude fue «husmeado por muchos responsables políticos, que levantaron la alfombra y la volvieron a dejar en el mismo sitio».

En opinión de secretario general de la central, la actitud de los cargos del PNV que estuvieron al frente del departamento de Hacienda en esta época -entre ellos Víctor Bravo, hermano del principal inculpado- fue «de dejar hacer o de cierto grado de complicidad», y afirmó que en su sindicato están convencidos de que «había conocimiento de irregularidades dentro del sistema de la Hacienda».

Según Díez, el caso se encuentra en fase de instrucción y en un futuro cercano se conocerán más detalles del asunto y aparecerán nuevos personajes. De momento, junto a Bravo se encuentran imputados su esposa, Rosa Cobos Crespo, Pilar Gracenea y Pedro María Atristain.