La juez que se ha hecho cargo de las investigaciones del millonario fraude descubierto en la delegación de la Hacienda Foral guipuzcoana en Irun sigue dando pasos para aclarar lo ocurrido. Después de que el principal imputado regresara a prisión, el pasado día 11, se anuncian citaciones para Rosa Cobos, la esposa de José María Bravo, ex director de la oficina, para el socio de éste Pedro Atristain y para la funcionaria Pilar Gracenea.

Aunque poco ha trascendido de las últimas averiguaciones de la magistrada, el hecho mismo de que ordenara el regreso a prisión de Bravo indica que habría nuevos y más graves indicios en relación al fraude que impidió el ingreso en las arcas forales de al menos cinco millones de euros. Sin duda, es imprescindible que los tribunales prosigan en su trabajo para dilucidar las responsabilidades penales derivadas de un caso que genera una importante alarma social al afectar a una materia tan sensible como es la confianza de la ciudadania en el modo en que se administran los impuestos. Y por ello, porque está en juego algo tan relevante, conviene remarcar que el «caso Hacienda de Irun» tiene otro proceso pendiente. La Diputación de Gipuzkoa, en estos días de mudanza, no debería olvidar que están por depurar las reponsabilidades políticas y que es urgente impulsar medidas efectivas contra el fraude fiscal.