El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Iruñea emitió ayer un auto en el que da por concluida la investigación contra el alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea (IUN), y en el que estima que los hechos imputados al primer edil podrían ser constitutivos de un «delito de prevaricación».

Además, el juez, que acuerda que se continúe con la tramitación de las diligencias previas, imputa un presunto «delito de falsedad en documento oficial» a Julio de Miguel Santander y a Julián de Miguel Ortega, que son dos responsables de la empresa Aranade.

Según la resolución, los acusados pudieron cometer dichos delitos durante la adjudicación de viviendas de protección oficial en el municipio y la destrucción de todas las solicitudes presentadas para el sector Mendikur.