Aprincipios de julio, el ministro de Trabajo Jesús Caldera decía en una entrevista que, gracias a su gestión, el número de personas extranjeras en situación administrativa irregular se «han redu- cido a un máximo de 200.000».

No sé de donde ha sacado el ministro esa cifra, pero hay que decir que es absolutamente falsa. Desgraciadamente, el número de personas en situación irregular es sensiblemente mayor.

Según el Avance del Padrón Municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 11 de junio de 2007, el número de personas extranjeras empadronadas en España a fecha 1-1-2007 ascendía a 4.482.568. Y según los datos del Ministerio de Trabajo, publicados por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a fecha 31-3-07 había 3.236.743 personas con permiso de residencia. Por tanto, la diferencia entre personas empadronadas y personas con permiso de residencia ascendía a más de 1.200.000 personas. Ciertamente, la simple resta no nos da la cifra exacta de personas en situación irregular, dado que las personas comunitarias no necesitan una autorización de residencia para vivir legalmente, aunque, a partir de la entrada en vigor del R.D. 240/07, se les expide un certificado en el que se les asigna un número de identificación y se registran sus datos. Pero aún así, las cifras no cuadran.

Por grupos de procedencia: de la Europa de 27 estados hay 1.702.613 personas empadronadas, 1.019346 tienen autorización de residencia y, por tanto, hay 683.267 no lo tienen. Del resto de Europa tenemos 185.307 personas empadronadas, 104.080 tienen autorización de residencia y, por tanto, hay 81.227 personas no lo tienen. De Africa tenemos 797.592 personas empadronadas, 750.717 tienen autorización de residencia y, por tanto, 46.875 no lo tienen. De Centro y Sudamérica tenemos 1.532.403 personas empadronadas, 1.131.606 tienen autorización de residencia y, por tanto, 400.797 no lo tienen. De América del Norte hay 45.075 personas empadronadas, de las que 18.526 tienen autorización de residencia y, por tanto, 26.549 no lo tienen. De Asia hay 216.769 personas empadronadas, 209.472 tienen autorización de residencia y, por tanto, 7.297 no.

Si sumamos las personas que estando empadronadas no tienen autorización de residencia, y aunque dejemos de lado a las comunitarias, hay 562.745 personas empadronadas que no disponen de autorización de residencia, casi tres veces más de lo que dice el Ministro de Trabajo.

Lo que decía Jesús Caldera no es verdad. La irregularidad es mucho mayor y mucho más persistente de lo que el ministro quiere hacer ver. Tampoco es cierto que la contratación en origen y los sistemas de arraigo, el laboral y el social, funcionen de maravilla y absorban la bolsa de irregularidad de forma, podríamos decir «natural».

Después del proceso de regularización especial de 2005, aún siendo el mayor desde que entró en vigor la Ley de Extranjería en el año 1985, quedaron cientos de miles de personas en situación irregular. No resolvió, ni mucho menos, los problemas de la irregularidad. De entonces aquí, el salto se ha dado con la entrada de Rumania y Bulgaria en la Unión Europea, que ha permitido regularizar, por la vía de convertirlos en comunitarios, a varios cientos de miles de perso- nas, a pesar de que la moratoria de dos años para acceder en igualdad de condiciones a los trabajos por cuenta ajena les esté causando muchos problemas. A 1 de enero de 2007 había, según el INE, 524.995 personas de nacionalidad rumana empadronadas . A 31 de marzo de 2007, según el Ministerio de Trabajo había 264.928 personas de nacionalidad rumana con permiso de residencia. Aunque es previsible que en el segundo semestre de 2007 y el primer trimestre de 2008, parte de las personas que quedaron fuera de la regularización especial de 2005 puedan regularizar su situación por la vía del arraigo social, seguiremos muy lejos de las cifras que dice el Ministro de Trabajo. Por otro lado, hay que señalar que el balance del 2006 del sistema de arraigo laboral nos ha mostrado su fracaso, como desde el principio había previsto el movimiento asociativo. En 2006 se aprobaron 6.619 expedientes de arraigo social y 223 de arraigo laboral. Estupendo por los 223 afectados, pero como sistema de regularización, no funciona. Y no funcionará mientras persistan las actuales condiciones para su acceso.

Después del proceso de regularización de 2005, da la impresión de que se nos quiere hacer creer que lo de la irregularidad, su persistencia, su carácter crónico, su carácter estructural ha dejado de ser un problema. Y eso no es cierto. La irregularidad está ahí, y las personas que la sufren también.

Y el sistema actualmente vigente no la absorbe en unos plazos cortos y con trámites administrativos sencillos. Una y otra vez se nos dice que no habrá nuevos procesos de regularización especial, y que, además, están las presiones provenientes de otros países de la Unión Europea. A pesar de todo ello, las altas cifras de irregularidad nos siguen mostrando que las migraciones necesitan circular por vías más anchas que las actualmente exis- tentes, y procedimientos más ágiles y sencillos para pasar de la irregularidad administrativa a la obtención de los permisos de trabajo y residencia, basados más en como funcionan realmente los movimientos migratorios y menos en las ficciones jurídicas.