En respuesta a las interrogantes que el Consejo de Europa ha hecho llegar a la Administración de Londres, el Gobierno británico ha pedido a la Oficina de la Defensora del Pueblo para la Policía, Nuala O'Loan que, basándose en el informe del policía John Stalker, abra una nueva investigación sobre la muerte en 1982 de tres miembros del IRA. Este documento nunca se ha hecho público. En este contexto, Sinn Féin ha exigido la publicación de un informe que incluye información sobre la posibilidad de que las fuerzas de seguridad en el norte de Irlanda hubieran adoptado una política de «disparar a matar» contra sospechosos republicanos.

El ex alcalde de Belfast y actual representante republicano en el Consejo Policial, Alex Maskey, considera necesario publicar este informe para esclarecer las circunstancias no sólo de la muerte de Gervaise McKerr, Sean Burns y Eugene Toman -víctimas del caso que ocupa a O'Loan-, sino de otras víctimas de las fuerzas policiales.

Sin embargo, para el unionista Sammy Wilson, del DUP, «es una nueva caza de brujas contra la RUC», nombre que recibía la Policía norirlandesa. McKerr, Burns y Toman murieron a consecuencia de los disparos de la Policía en un control de carreteras en las inmediaciones de la localidad norirlandesa de Lurgan. Su caso ha sido presentado como clara evidencia de que la Administración británica estaba implementado una política de «disparar a matar» contra sospechosos republicanos en el norte de Irlanda.

En 2001, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó al Gobierno británico el pago de 10.000 libras esterlinas -unos 15.000 euros- a diez familias, incluyendo la de McKerr. El Tribunal determinó que el fracaso de las autoridades a la hora de investigar los hechos constituía una violación de los derechos de las víctimas y las familias.

La sentencia del Tribunal Europeo se refería a los casos de catorce personas, diez de ellas militantes del IRA, que murieron por los disparos de las fuerzas de seguridad en el norte de Irlanda. Además de lo ocurrido con McKerr, Burns y Toman, los jueces valoraron otros tres casos que sucedieron en un periodo de diez años, entre 1982 y 1992.

También determinaron que las investigaciones llevadas a cabo por la muerte en Loughgall (Condado de Armagh) de ocho miembros del IRA en una emboscada del Ejército en 1987 y la de dos miembros del grupo republicano a manos de la Policía norirlandesa vulneraron los derechos humanos al encubrir los hechos. El tribunal adoptó una decisión similar en el caso de Patrick Shanaghan, miembro de Sinn Féin, que murió a manos de paramilitares lealistas.

El entonces secretario de Estado, John Reid, se felicitó de que el tribunal no determinase que las acciones de las fuerzas de seguridad fueran «criminales», sino los fallos en la investigación, y prometió que estudiarían «esas críticas» con seriedad. Por su parte, el ex primer ministro norirlandés, David Trimble, calificó la decisión judicial de «sorprendente y perversa».

La respuesta británica a dicha resolución así como el pago de la compensación económica tardó en llegar. Ha sido la insistencia de la familia de McKerr, en particular, la que ha forzado una nueva investigación.

Las intenciones británicas en este caso quedaron en evidencia en 2004 con las declaraciones del fiscal general británico, Lord Goldsmith, que llegó a decir que una nueva investigación sería «una carga» para el Gobierno.

Declaró que las familias exigían una investigación similar a la del Domingo Sangriento -en la que se examina la actuación de los paracaidistas británicos en Derry el 30 de enero de 1973, que costó la vida de catorce civiles-, que también describió como una «carga» para Londres.

El Consejo de Europa ha exigido a Londres que la Defensora del Pueblo examine el caso. Un portavoz de O'Loan ha confirmado que ya están analizando los informes, un primer paso para determinar la necesidad de una nueva investigación.