Jasone MITXELTORENA

En junio del 2003 vecinos y Solidarios mostraron su disconformidad cuando llegaron las máquinas a derribar el pueblo de Itoitz. La amenaza sobre el pueblo fue difundida por distintos medios, y muchos acudieron al lugar para protestar ante lo que consideraban «un crimen». Así se lo hicieron saber los 19 imputados por aquellos hechos al juez en la vista que se celebró ayer en la Audiencia de Iruñea. Los Solidarios fueron imputados por «delito de desobediencia grave» por la supuesta resistencia a los agentes forales, y el fiscal solicitó en su día una pena de nueve meses de cárcel, a lo que había que añadir la petición del Gobierno de Nafarroa de una indemnización de 36.000 euros.

En la vista de ayer, el fiscal reiteró la pregunta de si los Solidarios eran conscientes de la orden judicial de desalojo emitida por dos juzgados. Ante la respuesta negativa, incidió en saber si los agentes forales les requirieron el abandono de las viviendas. En todas las declaraciones ratificaron que los agentes no les dieron a conocer la citada orden y que tampoco cabía la posibilidad de abandonar el edificio al encontrarse encadenados a la infraestructura. Una vez que todos los imputados comparecieron ante el juez, se dio paso a las pruebas testificales presentadas por la Fiscalía, tratándose de las declaraciones de tres agentes forales, que comparecieron desde detrás de la puerta, ocultos a la sala. El primero de ellos fue el instructor de los atestados, que realizó en base a las declaraciones de los agentes que intervinieron en la operación, sin ser testigo directo de los hechos. Su única aportación fue la de que ratificaba los informes elaborados. El segundo agente estuvo presente «prácticamente en todas las detenciones», pero rehusó responder con claridad a la pregunta del fiscal de si habían informado a los detenidos sobre la orden judicial. El tercero hizo saber que su labor en Itoitz se limitó a la «inspección ocular», por lo que no podía aclarar la cuestión; declaró que «en todo caso hubiera sido imposible acatar la orden de desalojo ya que se encontraban encadenados». Los abogados de la defensa renunciaron a interrogarles.

Acto seguido, el fiscal renunció a seguir con las pruebas testificales y procedió a emitir el informe final. En el mismo, reconoció que «no queda constancia de que los acusados recibieran una orden directa», por lo que la petición inicial se quedaba sin validez rebajándose a «falta de desobediencia». El letrado del Gobierno de Nafarroa retiraba «a reserva» la demanda de indemnización en el caso de que el fiscal y la defensa llegaran a un acuerdo. Los abogados de la defensa declararon que «no hay delito ni falta». Uno de ellos aludió a la declaración de una de las imputadas, quien comentó que «no somos nosotros los que deberíamos estar aquí», defendiendo la lucha por la causa de defender un pueblo y de protestar ante un proyecto como el de Itoitz. De cualquier manera, todos los defensores estuvieron de acuerdo en aceptar como «un mal menor» la imputación de «falta».

«No tenemos otro remedio»

El juez solicitó una sanción de 150 euros para cada solidario, lo que los acusados aceptaron «porque no tenemos otro remedio». El juez explicó que cabía la posibilidad de alargar el juicio, pero partiendo de la petición inicial del fiscal y del Gobierno, por lo que los Solidarios optaron por terminar el proceso. La demanda de indemnización queda «en reserva», con posibilidad de reabrir el caso en el Juzgado de lo Civil, ya que ayer quedó agotada la vía penal.

Los Solidarios estuvieron arropados en todo momento por numerosas personas que les expresaron su apoyo en la misma Audiencia.