Después de quedar probada la autoría del agente de la Policía española Valeriano de la Peña y el hijo de éste, Miguel José de la Peña, en la muerte del panadero del barrio de Donibane Angel Berrueta prosigue con su andadura. Tras la vista en que se decidió encarcelar a ambos, el jurado decidió evadir a Valeriano de la Peña de pagar la responsabilidad civil por el crimen perpetrado, con lo que se decidió que el Estado debería ser el responsable civil subsidiario. Todo ello supuso un gran enfado en el seno de la familia Berrueta, la cual, viendo que a pesar de estar encarcelado De la Peña seguía cobrando parte de sus nómina, decidió solicitar nuevamente que el agente de la Policía española cargase con la responsabilidad civil.

Sin embargo, una notificación sellada en la Audiencia Provincial de Nafarroa con fecha del 12 de junio informa de que la solicitud de la familia Berrueta ha sido nuevamente denegada.

En la notificación se confirma que Valeriano de la Peña sigue cobrando parte de su sueldo como agente de la Policía española, pero se advierte el hecho de que éste se encuentra desde el 17 de marzo de 2004 «en situación administrativa de Suspensión Provisional de Funciones», por lo que sólo percibe «unas retribuciones mensuales equivalentes al 75% de las retribuciones básicas», lo que según explicó el abogado de los Berrueta Pablo Ibañez, supone alrededor de 50.000 o 60.000 de las antiguas pesetas al mes. «Lo han declarado insolvente real», se lamenta Ibañez.

No se rinden

La razón para denegar la solicitud de que sea el propio autor del crimen y no el Estado el que cargue con la responsabilidad civil es, según Ibañez, que esa cantidad no llega al salario mínimo interporfesional (SMI). No obstante, el abogado añadió que han solicitado una «investigación exhaustiva» de los bienes de De la Peña y que están a la espera de que les informen del resultado de la misma.