El enfrentamiento entre los partidos mayoritarios españoles ha tenido durante esta legislatura como señuelos a ETA y al terrorismo, pero en el fondo el PSOE ha tenido que asumir el proyecto del Partido Popular, no sólo en la lucha exclusivamente policial y judicial contra el terrorismo, sino en la concepción de España que era el tema de fondo que ocultaba el señuelo del terrorismo.

La principal derrota de Zapatero ante Rajoy estriba, ya al final de la legislatura, en que el presidente del Gobierno ha debido abandonar su proyecto plurinacional de España para rechazar unas veces, y recortar otras, toda manifestación de unas identidades que querían ejercer como naciones. Domeñada Cataluña y reformados los distintos estatutos de las autonomías, el tema que le queda vivo y sin control a Zapatero es Euskadi.

Solapadamente unas veces, pero manifiestamente en otras, el enfrentamiento entre Euskadi y España se está dando repetidamente desde el rechazo del Congreso de los Diputados a la Propuesta de Nuevo Estatuto, aprobada ésta última por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco el 30 de diciembre del 2004 con 39 votos a favor y 35 en contra. Los votos afirmativos fueron de los parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco, de Eusko Alkartasuna, de Izquierda Unida-Verdes y de tres parlamentarios del grupo Sozialista Abertzaleak, mientras que sus otros tres representantes votaron como el PP, el PSE y UA en contra del Nuevo Estatuto Político para Euskadi.

El 1 de febrero del 2005 el presidente Rodríguez Zapatero, en su discurso ante las Cortes españolas en las que se discutía el futuro del Nuevo Estatuto, hizo dos afirmaciones tajantes que rompieron toda posibilidad de un diálogo sereno con el País Vasco. Primera: «esta cámara es la sede de la soberanía popular de España», afirmación que venía a confirmar el golpe de estado que las Cortes de Cádiz dieron al considerar a su cámara la representante de una España unitaria y rechazando la tradicional España plurinacional que hasta este momento era la legítima. La Segunda afirmación la expresó el presidente del Gobierno con las siguientes palabras: «En cuanto me fue posible, mi primera decisión como presidente del Gobierno fue desvincular a mi país de una decisión (la del Estatuto) que consideraba ilegal», donde volvía a personalizar una España unitaria que consideraba ilegal un acuerdo del Parlamento Vasco tomado por mayoría absoluta.

A resultas de esta denegación de las Cortes españolas, el lehendakari convocó las elecciones al Parlamento Vasco el 17 de abril de 2005, que volvieron a reafirmar su liderazgo. Este fue el primero y fundamental enfrentamiento entre España y Euskadi.

Sin embargo, estos mutuos enfrentamientos se han ido repitiendo solapadamente aunque se haya pretendido salvar las formas a lo largo de los mandatos de ambos presidentes. Ultimamente, en este verano, la discrepancia ha tenido un color sordo de oposición. En efecto, a principios de julio del 2007 el Gobierno de Euskadi lanzaba el «Plan de Acción en Defensa y promoción de los Derechos Civiles y Políticos» por el que el gabinete de Ibarretexe quería destapar la tibieza que Rodríguez Zapatero está demostrando en la defensa de estos derechos ya que mantiene la Ley de Partidos Políticos, el Código penal, la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, la incomunicación de los presos, los plazos de detención y la dispersión de los presos de ETA. Y de forma genérica afirmaba que «El Gobierno Vasco no podía permanecer impasible ante la restricción de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía».

Más aún, como el enfrentamiento es de hondo calado y también sabe que la callada del Gobierno Zapatero será la respuesta, el Gobierno Vasco someterá estos problemas al escrutinio internacional de una institución de prestigio «independiente y de solvencia garantizada» que redactará un dictamen sobre el estado de esos derechos y libertades, que posteriormente será destinado al Parlamento europeo, además de los parlamentos vasco y español.

A los tres días de este anuncio del Gobierno Vasco, vino la respuesta de Zapatero atacando la línea de flotación de la autonomía de Euskadi. Zapatero (que durante todo su mandato no ha transferido al País Vasco ninguna de las competencias pendientes) se escoró una vez más contra la plurinacionalidad de España llevando ante los tribunales los estatutos de 19 federaciones deportivas vascas, y, en consecuencia, la Ley vasca del Deporte y del Autogobierno vasco porque según el Gobienro de Estado se atribuyen un papel internacional que únicamente corresponde a España.

En un intento de lanzar un puente entre ambos gobiernos y siguiendo su política de paños calientes, de estrecha colaboración con Madrid y de boicoteo a las iniciativas del lehendakari Ibarretxe, el presidente del EBB del Partido Nacionalista Vasco, Josu Jon Imaz, publicó el 15 de julio un artículo que se titulaba «No imponer, no impedir» y en el que afirmaba que «una consulta ciudadana planteada como escenario de acumulación de fuerzas para una confrontación política era muy discutible y desde luego contraria al espíritu y la letra de la posición del Partido Nacionalista expresada en el documento de octubre de 2005».

Josu Jon Imaz ponía de relieve «la tradición pactista de la historia vasca que consiste en un pacto entre vascos para alcanzar mayorias en Euskadi superiores a las que obtuvo el Estatuto de Gernika, lo cual nos obligaba a acuerdos entre las diferentes sensibilidades y pacto con el Estado a través de un acuerdo para que en la tramitación en Cortes Generales los partidos implicados en el mismo lo aceptemos en su integridad».

Es la solución idealista que nadie puede negar que es legítima y deseable, pero que políticamente da la razón a aquel que tiene de hecho en la mano el poder, sin preguntarse si este poder es sólo legal o por el contrario también legítimo en razón de los derechos históricos de los territorios forales.

En España hay una lección democrática pendiente de asumir por las fuerzas políticas y especialmente por los partidos mayoritarios del PP y PSOE que se resume en la frase: «hay que aceptar la identidad de los diferentes». Mientras que no aceptemos la identidad de las diversas creencias religiosas y de las diferentes formas de integración de una España pluricultural, plurireligiosa, plurilingüística y plurinacional, todos los intentos de Zapatero de conjugar la alianza de civilizaciones serán un juego floral y bizantino que podrá dar titulares a los medios de comunicación, dar pábulo a las tertulias o lanzar frases redondas a la galeria.

La multiculturalidad aun religiosa, el plurilingüismo y la pluralidad de naciones y pueblos de España deben ser protegidos, lo mismo que los derechos de las minorías sexuales, de las clases sociales menos protegidas o la biodiversidad. El ataque a las identidades encrespa furiosamente a los miembros integrantes de esas colectividades y es el mejor caldo de cultuvo de los terroristas. Hay muchas personas que son más capaces de morir por salvaguardar su identidad religiosa o política que de definirla de modo inteligente.

Euskadi y Navarra son identidades incómodas desde hace dos siglos que España con el presupuesto ilógico y antihistórico de que la soberanía reside en la representación en Cortes de un único pueblo español no será nunca capaz de plantear democráticamente ni mucho menos resolver.