En la sentencia que desestima un recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Lakua, el Tribunal Supremo español afirma que la «bandera nacional» debe ondear «de forma permanente» en los edificios oficiales de las comunidades autonómicas. Lakua había recurrido la sentencia dictada previamente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ya fijaba la obligación de colocar la rojigualda.

Concretamente, este proceso judicial partió de un recurso presentado por la Delegación del Gobierno español en la CAV contra la presunta desestimación del requerimiento que había formulado a la Academia de la Ertzaintza, con sede en Arkaute, para cumplir con esa «obligación».

El TSJPV dio la razón a la Administración del Estado en octubre de 2003, pero Lakua había eludido el tema al presentar recurso ante el TS. Ahora, la sentencia es firme y, si el tripartito sigue su máxima de que siempre cumple los dictados de la Justicia española, el Departamento de Interior, y el conjunto del Gobierno de Lakua, tendrá que hacer ondear la rojigualda «ocupando lugar preferente en el interior y exterior» de los edificios oficiales, ya sea en solitario o junto a la ikurriña.

La actual bandera española fue «reinstaurada» por la dictadura fascista tras la denominada Guerra Civil, ya que durante el periodo de la II República (1931-39) se había decidido abandonar la enseña utilizada desde que en 1785 Carlos III convocara un concurso de ideas para diferenciar su pabellón de los que usaban otros Borbones que también reinaban en Europa.