El Ejecutivo de Sarkozy ha sometido a trámite parlamentario una de las promesas electorales de la UMP, un proyecto de ley de servicios mínimos en caso de huelga en el transporte público terrestre, que ha suscitado la oposición frontal de los sindicatos en el Estado francés, tanto por la forma en la que se ha llevado a cabo -por procedimiento de urgencia-, como por el fondo de la misma, ya que establece, entre otras cuestiones, que los trabajadores que decidan participar en un paro deberán declararse huelguistas con 48 horas de antelación.

Ante este proyecto de ley, los sindicatos CGT y FSU convocaron ayer una concentración ante la Subprefectura de Baiona, que contó con el apoyo de la LCR, al tiempo que miles de personas se movilizaron en diferentes puntos del Estado francés contra una propuesta que consideran «un ataque claro y preciso contra el derecho constitucional de hacer huelga».

Los sindicatos denunciaron en Baiona que la propuesta atenta contra la libertad individual de los funcionarios.

Las movilizaciones realizadas ayer en todo el Estado son sólo la «primera etapa» de un calen-dario de protestas que tendrá continuidad, según advirtió el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Bernard Thibault, quien criticó asimismo que el proyecto de ley se haya querido aprobar por el procedimiento de urgencia durante la sesión extraordinaria del Parlamento, que se está celebrando en verano.

Thibault también cargó contra la disposición del texto que obliga a los trabajadores que vayan a hacer huelga a comunicarlo con 48 horas de antelación. El Ejecutivo de Sarkozy argumenta que el objetivo de esta cláusula es poder prever qué servicios mínimos funcionarán e informar a los usuarios.

El Partido Socialista también ha cuestionado que esa sea la finalidad del texto. De hecho, el portavoz del PS en la Asamblea, André Vallini, consideró la obligatoriedad de la declaración previa «una especie de disuasión» para el trabajador» y opinó que el texto pone en cuestión el derecho a la huelga.

Otro de los aspectos polémicos del proyecto, es que con el objetivo de prevenir presiones, prevé que al cabo de ocho días de huelga, los trabajadores decidan seguir con la misma mediante su pronunciamiento en voto secreto.