Transcurridos ya más de dos meses desde el paso por las urnas, la ciudadanía navarra asiste, convertida en estupefacta convidada de piedra, a un sinfín de tejemanejes, cabriolas y dimes y diretes en torno a su futuro gobierno. El hecho de que sea el único ejecutivo autonómico que sigue sin conformarse tras 68 días lo convierte en la excepción. Pero es sólo una excepción más. Porque en Nafarroa todo es excepcional. Nafarroa lleva mucho tiempo sumergida en un permanente estado de excepción que va quedando perfectamente retratado en este escenario postelectoral.

Durante el último año y medio, el PP usó a UPN como subcontrata para el trabajo sucio de convertir a Nafarroa en el escollo que hiciera encallar la búsqueda de un proceso de solución al conflicto, con la manifestación proespañolista del 17 de marzo como ejemplo último y más evidente. Pero el PSOE no se queda atrás. No sólo se dejó envolver en esa trampa, sino que la ha prolongado posteriormente imponiendo de nuevo un Parlamento navarro deformado por el veto a la izquierda abertzale. Y determinará ahora, también desde Madrid, sobre con quién puede y con quién no puede pactar el PSN, como hizo ya en Iruñea o en Sartaguda.

No hay razones para llamarse a engaño ni rasgarse las vestiduras a estas alturas. A la ciudadanía navarra se le ha impuesto un parlamento, desde Madrid, y se le impondrá un gobierno, desde Madrid, igual que en su momento se le impuso un marco jurídico-político determinado, desde Madrid, sin que en 25 años ninguno de los mandatarios de allí o de aquí haya aceptado pasarlo por el filtro del refrendo ciudadano.

La situación postelectoral es sólo el último reflejo de un herrialde intervenido y secuestrado completamente por instancias de poder situadas 450 kilómetros al sur. El cambio real llegará cuando la ciudadanía navarra tome de una vez la palabra y la decisión. Sobre su parlamento, sobre su gobierno y sobre su relación con el resto de los vascos. Tan fácil y, al parecer, tan difícil.