4,5 millones de cámaras vigilan las veinticuatro horas del día a los ciudadanos británicos. El inmenso «Big Brother» se sostiene sobre un sentimiento que, según dicen, es la que más fácil se propaga: el miedo. Desde los atentados contra las Torres Gemelas, el Gobierno de Londres se ha mostrado como un adelantado en la seguridad preventiva. En ese combate, se ha dotado de leyes de excepción que permiten que, hasta la próxima reforma, las «personas sospechosas de terrorismo» puedan permanecen de manera indefinida en situación de detención sin que se presente prueba alguna contra ellas. Al tiempo, se ha dado carta blanca a la Policía para utilizar todos los sistemas a su alcance para espiar a la ciudadanía: escuchas telefónicas, violación del correo, filmaciones indiscriminadas...

Sobre el clima propicio de la «amenaza de Al-Qaeda», el Gobierno británico ha poblado literalmente de cámaras la isla, con el argumento de que con ese sistema será mucho más fácil proteger a la ciudadanía de un peligro, el del llamado «terrorismo internacional», de cuyos orígenes apenas habla y cuyas responsabilidades encubre.

El profesor de la Universidad Louis-Pasteur de Estrasburgo, Eric Heilmann, se remite a las conclusiones de los propios investigadores británicos para cuestionar la eficacia de un sistema controvertido, por lo que entraña de intromisión en la vida privada y de acentuación del ya importante control social.

A esas dos dudas más que razonables hay que sumar un argumento que, seguramente, es más interesante por desconocido. El modelo de la vigilancia a distancia es extremadamente caro y la inversión apenas se ve compensada por los resultados. Un dato contante y sonante.

Así lo reconocía Heilmann al diario «Libération» al explicar que para que la información obtenida a través de las cámaras implicara un aporte relevante en la investigación de los atentados de julio de 2005 en Londres los especialistas de la Policía británica debieron proceder a la movilización de centenares de agentes que visionaron 15.000 vídeos. Demasiado tiempo, demasiado personal, demasiado dinero.

¿A alguién se le pasa por la cabeza que para «delitos menores», como robos o asaltos callejeros un gobierno esté dispues- to a hacer la ingente inversión en personal que precisa un sistema eficaz de videovigilancia?

La pregunta del experto parece del todo sensata, aunque no encaje en los planteamientos de la ministra francesa de Interior, Michèlle Alliot-Marie, que aspira a triplicar el número de cámaras que vigilen los pasos de los ciudadanos en nombre de la seguridad colectiva.

Según defiende la ministra conservadora, su único objetivo es «proteger a los franceses contra la amenaza del terrorismo y contra ciertos riesgos de violencia». A la vista de la vaguedad de tales conceptos, todo apunta a que al poner en red el conjunto de cámaras que funcionan ya en el Hexágono, lo que la estrecha colaboradora de Nicolas Sarkozy plantea es establecer un gran sistema de vigilancia con indudables utilidades para combatir la contestación social y política. ¿Por qué otro motivo emprendería un gobierno bajo la presión de un fuerte déficit fiscal un sistema caro y que no ha probado su eficacia para preservar a la ciudadanía de las situaciones de amenaza más comunes?

La decisión de colocar cámaras en el recinto festivo de Baiona durante las últimas fiestas motivó la queja del grupo municipal abertzale. No se ha escuchado otra voz en la Corporación. Ello es comprensible, dado que el PSF no mantiene una posición precisamente vigilante sobre la videovigilancia.

«Asistimos a una banalización de toda la cacharrería securitaria -cámaras, brazaletes, tarjetas...- que está conociendo un desarrollo increíble sin apenas suscitar reacciones críticas» valora, con preocupación, Heilmann.

En cierta medida, la «democratización» de sistemas de grabación y emisión de imágenes -cámaras por internet, teléfonos móviles con vídeo y fotografía...- está ayudando a que la mayoría de los ciudadanos, y en particular las generaciones más jóvenes, acepte esa práctica de registrar imagénes como parte de su universo, sin tomar en consideración las consecuencias que se derivan del uso y abuso de las tecnologías de espionaje.

Las «zonas sensibles»

La formación ecologista Les Verts lleva a cabo una activa campaña ciudadana contra el proyecto de videovigilancia preconizado para Clichy (Hauts de Seine) por el alcalde del PSF. Un millón de euros es el coste estimado de un despliegue de cámaras que, de acuerdo a la composición municipal de esta localidad del extrarradio parisino, contaría con el apoyo del 70% de los ciudadanos.

Los opositores a ese proyecto llevan a cabo una desigual campaña para mostrar a la ciudadanía de Clichy que la relación inversión-resultados no justifica el llenar la localidad de cámaras. Una batalla similar se libra en Asnières, Colombes, Puteaux... donde el balance de la implantación de la videovigilancia arroja resultados bien pobres.

«Hablamos de una reducción de los delitos en las zonas en que se colocan las cámaras de alrededor de un 4-5%; pero es imprescindible comparar esas cifras con las que registran los barrios o las localidades cercanas y sin cámaras, donde a su vez se produce un aumento similar de robos», remarcan los ecologistas.

La alcaldía tiene una respuesta para ello. A las 26 cámaras instaladas en la primera fase de este plan, se sumarán otras cinco en una segunda fase del dispositivo destinado a dar seguridad a «barrios sensibles», léase zonas atravesadas por las desigualdades sociales, y a municipios o comunas adyacentes a los que «se ha mudado la delincuencia».

Como la lógica policiaca se ha convertido en un arma política en la era Sarkozy, desde la oposición de derecha de Clichy se reclaman ya otras medidas complementarias a la colocación de cámaras de vigilancia como que los agentes municipales porten armas.

Pero volvamos por un momento a las cifras. Al millón de euros que costó el sistema inicial de la videovigilancia en Clichy se pueden sumar otros desembolsos públicos no menos abultados: 2,7 millones de euros ha costado la videovigilancia a los habitantes de Estrasburgo; entre 1,5 y 5 millones de euros a los de Rueil; 1,8 millones a los de Asnières; 1,5 a los de Puteaux....

Frente a ese derroche, sistemas más rudimentarios como aumentar el alumbrado público o eliminar puntos oscuros como túneles han permitido mejorar la siempre resbaladiza «estadística de la seguridad» en un 30%.

Habida cuenta de que el Gobierno ha aprovechado la operación salida de vacaciones para aprobar leyes destinadas a reducir el número de personas que dependen del salario mínimo de inserción (RMI) y que anuncia la eliminación de más de 20.000 puestos de trabajo en la función pública, cabe preguntar si la política de seguridad no está lastrando inversiones imprescindibles para garantizar el bienestar social y, en consecuencia, la seguridad de la ciudadanía.