Enfrentado a una oposición política sin precedentes en sus ocho años en el poder y al recrudecimiento de la oposición armada islamista, el general y presidente golpista de Pakistán, Pervez Musharraf, evocó ayer la posibilidad de instaurar el estado de excepción en todo el país.

En plena noche del miércoles, varios de los ministros de su Gabinete filtraron confidencias a la prensa asegurando que Musharraf, en el poder desde el golpe de Estado de finales de 1999, tenía previsto decretar ayer mismo el estado de excepción para hacer «frente a las amenazas interiores y exteriores».

El régimen de Islamabad identifica las «amenazas interiores» con la ola de atentados y ataques contra el Ejército y la Policía paquistaní en represalia por el asalto a sangre y fuego de la Mezquita Roja, en Islamabad, donde se habían encerrado centenares de militantes islamistas.

Ataques que han llegado incluso al corazón de la capital, pero que afectan especialmente a las tropas desplegadas en las zonas tribales del noroeste del país, fronterizas con Afganistán.

Las «amenazas exteriores» tendrían que ver con la insistencia de la Administración Bush en sus planes de bombardear estas zonas, en las que la población comparte etnia (pastún) e ideología con los talibán afganos. El régimen paquistaní insiste en pedir a EEUU que no haga efectivos sus planes, mien- tras su Ejército sufre crecientes bajas en esta guerra de baja intensidad que dura ya cuatro largos años.

Marcha atrás

Horas después, el ministro de Información, Mohamed Ali Durrani, anunció que Musharraf habría decidido dar marcha atrás y no decretar el estado de excepción. «Tal y como le pedían varios partidos políticos y responsables» militares.

La gubernamental Liga Musulmana coincidió en tildar el anuncio de «rumores infundados» e insistió en que las elecciones se celebrarán en el plazo previsto. Y es que la instauración del estado de excepción habría permitido a Musharraf retrasar sine die los comicios presidenciales y legislativos, previstos a más tardar para principios de 2008.

En medio de especulaciones sobre la razón de la presunta marcha atrás de Musharraf -fuentes gubernamentales la atribuyen a presiones por parte de Washington-, lo cierto es que estos rumores permitieron al presidente golpista justificar su ausencia en el incómodo encuentro con el presidente títere de Afganistán, Hamid Karzai, con quien debía inaugurar ayer mismo una Loya Jirga (asamblea tribal afgano-paquistaní) auspiciada por EEUU.

La presencia de Musharraf en este acto -boicoteado por la mayoría de los líderes tribales de Waziristán Norte y Sur- podría añadir un nuevo elemento de tensión entre el régimen y la oposición islamista.

Acorralado

Un Musharraf cada vez más acosado por la oposición -islamista y «laica»-, que le acusa de que aspira a seguir acumulando en sus manos la Presidencia del país y la jefatura del Ejército.

Este plan llevó a Musharraf a defenestrar al presidente del Supremo, el juez Iftikar Muhamad Chaudry, en marzo pasado, destitución que acaba de ser tildada de ilegal por el mismo tribunal.

Desde el exilio, líderes políticos como la ex primera ministra Benazir Bhutto y Shanbaz Sharif, hermano del que también fuera jefe de Gobierno Nawaz Sharif -derrocado por Musharraf- reivindican su derecho a regresar al país.