El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), concluyó ayer que la planta nuclear japonesa dañada el 16 de julio por el fuerte seísmo tendrá que seguir sin operar unos meses más, tal vez un año, por las fugas radiactivas vertidas al mar.

Esta es la conclusión a la que ha llegado la misión de los seis inspectores, que de lunes a jueves, han analizado la planta de Kashiwazaki-Kariwa, en la provincia de Niigata, en el centro de Japón, la mayor del mundo en capacidad de producción.

La central está emplazada en una zona con alto peligro sísmico y permanecerá cerrada hasta que se pueda garantizar la seguridad de sus siete reactores.

La planta, que fue cerrada desde el primer momento tras el seísmo, tuvo fugas de vertidos tóxicos, entre ellas, 1,2 metros cúbicos de agua radiactiva que fueron a parar al Mar del Japón por el seísmo de 6,8 grados en la escala de Richter que sacudió Japón el 16 de julio, causando once muertos y más de mil heridos.

La operadora de la planta, Tokyo Electric Power (TEPCO), asegura que la fuga fue muy pequeña y no supuso ninguna amenaza para el medio ambiente, pero su renuncia inicial a informar con claridad de lo ocurrido incrementó los temores de la opinión pública. Y es que la empresa, en un primer momento, informó de que la fuga era un 50% menor de lo que realmente había sido.