Una jornada de agosto da lugar a titulares de prensa dedicados por lo habitual a las fiestas patronales, a la temporada de playa, a sucesos relacionados con las altas temperaturas. Eso, sin embargo, no es todo lo que ocurre en nuestro ámbito. Euskal Herria es diferente y un 10 de agosto arroja noticias que vuelven a dejar patente que en este país el mes vacacional por excelencia no es sinónimo de paz y tranquilidad sino que arroja decisiones y actuaciones que persisten en una fórmula anacrónica como es la de la imposición a la ciudadanía de límites, restricciones, prohibiciones que tratan sin éxito de hacer desaparecer de las calles y del escenario político unas ideas presentes en nuestra sociedad por mucho que se intente condenar al ostracismo a quienes las sustentan.

Una jornada de asueto veraniego y dos decisiones tendentes a romper la calma. Por orden horario, correspondió a la gestora municipal de Ondarroa estrenarse en el ejercicio de la imposición, al iniciar oficialmente su labor política municipal en clara usurpación de los derechos de la mayoría de los votantes de la localidad vizcaina. A primera hora y entre medidas de seguridad se produjo la irrupción en la Casa Consistorial de las personas normbradas por sus partidos, que no electas, para gobernar un ayuntamiento que, de respetarse la voluntad ciudadana en vez de acatarse las imposiciones que emanan de la Ley de Partidos y de la política de ilegalización de ideas, debería estar regido por ANV.

Tras la accidentada reunión municipal, llegaba otra noticia: la decisión del juez Juan del Olmo, que trata de impedir que los vecinos de Zornotza despidan como ellos consideren oportuno a Sabin Euba, militante abertzale fallecido días atrás. De nuevo se pone en marcha la maquinaria persecutoria para obstaculizar un acto en base a apriorismos en vez de dar prioridad a un derecho básico como el derecho de reunión. Una vez más se opta por la «justicia preventiva», por definición opuesta al concepto mismo de justicia.