Detenidos «arbitrariamente» en Oaxaca y privados de libertad «de manera ilegal»
Sin documentación, sin dinero y retenidos en el Instituto Nacional de Migración de Iztapalapa, en México D. F. Así están cuatro ciudadanos catalanes que el pasado día 5 fueron detenidos «arbitrariamente» en Oaxaca y sometidos a maltratos «físicos, sexuales y síquicos».
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Ainara LERTXUNDI | DONOSTIA
«Estamos absolutamente privados de libertad de manera ilegal. La convicción de la ilegalidad cometida nos da una gran fuerza», subrayó ayer la abogada catalana Laia Serra en declaraciones hechas a GARA desde el Centro de Internamiento del Instituto Nacional de Migración (INM) de Iztapalapa, en México D. F. El pasado día 5 fue detenida junto a Ramón Sesén, Nuria Morelló y Ariadna Nieto en Oaxaca. Un ciudadano mexicano también fue arrestado, aunque posteriormente quedó en libertad.
«No sabemos nada ni tampoco nadie nos dice nada. El miércoles recibimos la última visita de nuestro abogado porque desde entonces no le han permitido visitarnos. Ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por este hecho», resaltó.
La detención arbitraria de estos cuatro ciudadanos catalanes que, además han denunciado haber sido objeto de «violencia física, sexual y síquica», ha tenido un gran eco tanto en México como a nivel internacional. Tal es así que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano, Rosario Ibarra, presentó una demanda de amparo para impedir la deportación que, en caso de producirse, «sería absolutamente ilegal y arbitraria», subrayó esta reconocida activista en defensa de los derechos humanos.
Los cuatro iban paseando por el centro de la ciudad cuando, de repente, se vieron rodeados por «elementos parapoliciales, algunos de ellos con armas de largo calibre, con uniforme azul oscuro y elementos de protección antibalística. Dos de ellos iban vestidos de civil. Nos obligaron a ponernos de cara a la pared y con las manos en la cabeza (...) Durante el trayecto les preguntamos el porqué de este hecho, a lo que contestaron con golpes e insultos. Fue entonces cuando uno de nosotros les mostró su credencial de prensa. Seguidamente, nos obligaron a estirarnos tapándonos con una lona, impidiendo todo contacto visual entre nosotros. Nos despojaron de nuestras mochilas, cangureras, documentación y dinero». Este es parte del testimonio escrito que han hecho llegar a los medios desde el centro de internamiento.
«Recibimos golpes, empujones, tirones de cabello, presión para agachar la cabeza provocando dolor en el cuello. A dos de las compañeras les levantaron la camiseta; una de ellas se quedó con los senos al aire y a otra en varias ocasiones le tocaron por encima de la ropa el culo, el pubis y el seno derecho», prosigue el relato. Al cabo de una hora, fueron conducidos a «otro lugar que parecía una comisaría», donde les tomaron sus datos personales.
«Pánico, desorientación...»
«Sentimos pánico, teníamos muchas preguntas sin respuesta, impotencia, desorientación... Cuando nos llevaron ante una juez, ésta se lavó las manos ante nuestras denuncias. Dijo que estábamos indocumentados cuando ellos nos quitaron toda nuestra documentación -entre ella mi acreditación internacional de abogada y la de prensa de mi compañera-, visa y dinero. Lo ocurrido es un auténtico escándalo», destacó Serra.
Como abogada e integrante de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, visitó Oaxaca en diciembre para investigar los abusos cometidos en este Estado durante las movilizaciones de 2006 para exigir la dimisión del gobernador Ulises Ruiz. «Cuando estás en Oaxaca sabes que te puede pasar de todo, y todo es todo», afirmó.
Con una abstención del 65%, Ulises Ruiz, del PRI, fue reelegido gobernador de Oaxaca en las elecciones del domingo. Ruiz arrastra una larga lista de denuncias de organismos mexicanos e internacionales. Tras la visita hecha a principios de este mes, Amnistía Internacional presentó un informe repleto de testimonios de tortura, malos tratos y juicios injustos, y dio cuenta de la muerte de una veintena de personas «en circunstancias controvertidas y víctimas de detenciones arbitrarias».
En julio, Human Rights Watch instó a Ruiz a investigar «los graves abusos» de la Policía contra la Asamblea Popular de los Pueblos (APPO) en la Guelaguetza popular del pasado 16 de julio.