Varios grupos opositores australianos advirtieron ayer de que el proyecto de ley para combatir el abuso a menores entre las comunidades aborígenes forma parte de un plan para despojar a los indígenas de sus tierras.

La propuesta se presentó ayer por la noche ante el Senado, y según la oposición, es una estrategia para modificar las leyes que devolvieron las tierras a los indígenas del país. La comisión que analizó el asunto manifestó que tienen dudas legales sobre las medidas del Gobierno para compensar a los aborígenes por la toma de sus tierras.

La ONG Reconciliation Australia pidió al Gobierno que se retrasasen varios aspectos de la propuesta, especialmente la abolición del sistema de permisos para entrar en las comunidades, y también de los contratos de arrendamiento oficial de cinco años sobre las localidades de los aborígenes.

Revisar la legislación

Al finalizar la sesión, la comisión del Senado recomendó a los representantes que aprueben la nueva legislación bajo la condición de que sea revisada dentro de dos años.

Los parlamentarios y senadores de izquierdas denunciaron que el proyecto de ley sólo incluye tres de las 97 recomendaciones del informe que encargaron las autoridades del Territorio del Norte y que es esgrimido por Canberra para justificar su iniciativa legislativa.

El proyecto de ley, entre otras medidas, contempla restringir las ayudas de los servicios sociales y prohibir el consumo de alcohol y la pornografía en las comunidades de aborígenes, ya que el documento presentado ha revelado la existencia de abusos sexuales a niños, en gran escala, debido a la pobreza, el alcoholismo y el desempleo. Pero a pesar de ello, los autores del estudio no han sido consultados por el Senado.

El Consejo de Abogados de Australia también ha condenado el proyecto de ley a través de su secretario general, Peter Webb, quien aseguró que arrebatar los alquileres a las localidades indígenas era una medida «discriminatoria, innecesaria, y debería ser totalmente eliminada de la legislación».