Díez afirma que el fraude de Irun es obra de una «red de robo organizada»
El secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, afirmó ayer que el caso del presunto fraude de la Hacienda de Irun no se trata sólo de algo «puntual» sino que «se ha gestado una red de robo planificado con niveles de complicidad política» que venía «trabajando desde los años noventa». De momento, junto a José María Bravo, responsable de la ofician de Irun, se encuentran imputados su esposa, Rosa Cobos Crespo, Pilar Gracenea y Pedro María Atristain.
GARA | BILBO
Rafa Díez Usabiaga, en declaraciones a Europa Press, afirmó que la sociedad debe conocer todo lo que ha ocurrido y añadió que para su sindicato, que se ha personado como acusación popular en el caso, lo que se sabe del caso hasta ahora es sólo «la punta del iceberg».
Díez Usabiaga manifestó su convicción de que se está ante «una maquinaria de fraude de grandes dimensiones» y que se ha desarrollado una «red de robo planificado a la Hacienda pública desde dentro de la Hacienda pública, desde dentro de la Administración pública, lo que le da más gravedad».
En opinión del secretario general de LAB «no estamos ante una cuestión puntual de un fraude puntual, sino ante un robo planificado, organizado, con niveles de complicidad política». Por ello, indicó que la sociedad tiene que conocer «en profundidad» todo lo que ha existido en relación a este caso.
Díez indicó que las razones de la personación de LAB como acusación popular también están relacionadas con la sensación que existe en el sindicato de que se puede dar un proceso de investigación que «no entre al fondo y a todas las ramificaciones que ha tenido el caso y que se quede en la superficie».
El representante de LAB teme que se busquen «cabezas de turco» a la hora de asumir responsabilidades penales y administrativas, pero que «no se desenmascare toda la red de complicidad política existente».
Así, «las personas que presuntamente han hecho ese fraude son personas que han sido nombradas por responsables políticos de la Diputación, en algunos casos, y han sido nombradas personas, acusados actualmente, que no tenían la titularidad que obliga el puesto al que accedían, por lo tanto hay irregularidad en el nombramiento de esas personas, que se sitúan en puntos neurálgicos de la recaudación en Gipuzkoa y que luego les permite hacer toda esa red de fraude», añadió.
La voluntad de LAB es «clarificar las dimensiones» del fraude y «sacar a relucir las responsabilidades personales que puedan existir», pero «también es necesario que salgan a flote las responsabilidades políticas que han permitido que estas personas estuvieran en el sitio en el que han estado a la hora de poder hacer y realizar el fraude que han realizado». «Y eso se llama responsabilidades y complicidades de carácter político».
De momento son cuatro las personas imputadas: José María Bravo, responsable de la oficina de Irún y creador de una espesa telaraña de empresas para «lavar el dinero» y «dificultar las investigaciones», su esposa Rosa Cobos Crespo, Pilar Gracenea y Pedro María Atristain.
Bravo se encuentra en prisión tras negarse a declarar ante el juez. Los restantes tres imputados declararon su «inocencia» ante la juez. Están en libertad.
Rafa Díez Usabiaga afirmó que pretenden que la acusación popular que ejerce LAB se convierta en un «instrumento de denuncia y movilización social». «Tanto en Irun como en el conjunto de Gipuzkoa hay un cabreo social, ¿cómo se puede permitir que desde el propio seno de la Administración haya habido gente que haya actuado de esta manera, que se haya enriquecido de una manera enorme, brutal y que la propia Administración no haya tenido sistemas de control y auditoría capaz de reconducir las cosas?», dijo.
El sindicalista denunció que han sido «muchos años» y que se trataría de una «red que viene trabajando desde los años 90». Por ello, insistió en que es necesario demandar «políticas de control de la fiscalidad».
«Todo lo que ha pasado con esto, significa, en definitiva, un robo a la sociedad, ese dinero no está donde tenía que estar. Nos han robado el dinero y la sociedad tiene derecho a ser parte en este proceso», afirmó. Díez cree que lo que se conoce hasta ahora es la «punta del iceberg de una red con muchos más niveles de complicidad y de responsabilidad». Afirmó que habrá que «demostrarlo» e indicó que, como acusación popular, «trabajarán en esa orientación de investigación y, por otro lado, de denuncia y movilización social ante lo que ha ocurrido Diputación de Gipuzkoa».
