Pena de muerte
La Casa Blanca reducirá el sistema de apelaciones para agilizar las ejecuciones
El presidente de EEUU, George W. Bush, batió el récord de confirmaciones de la pena capital cuando era gobernador de Texas. Ahora, su Gobierno pretende eliminar varios niveles del sistema de apelación para acelerar las ejecuciones.
GARA | WASHINGTON
La Administración Bush está ultimando los detalles para otorgar al fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, una «vía rápida» para agilizar la aplicación de la pena de muerte y reducir el tiempo que pasan los presos en el «corredor de la muerte».
Apenas quedan dieciocho meses para que expire el mandado del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y si ya destacó cuando era gobernador de Texas al batir el récord de confirmaciones de la pena capital en ese Estado -152 en ocho años de mandato- ahora quiere que conste en su legado haber sido el artífice del proceso para agilizas las ejecuciones.
Sólo una semana antes de la fecha prevista para la ejecución de Johnny Conner en Texas -hoy a las 18.00 hora local-, el diario «Los Angeles Times» informaba de que la Casa Blanca pretende dar un paso más en esta materia para reducir el tiempo de estancia de los reos y se plantea eliminar varios niveles del sistema de apelaciones en las cortes federales para acelerar las ejecuciones. La aplicación de la pena de muerte a Conner será la número 400 de que se reinstaurara la pena de muerte en EEUU en 1976 -la primera ejecución en Texas tuvo lugar en 1982-.
El fiscal general de EEUU, Alberto Gonzales, quien fuera el principal asesor de Bush mientras gobernó Texas, está ultimando los detalles de una regulación que podría darle un nuevo poder de decisión sobre los casos de pena de muerte, incluyendo la última palabra a la hora de acortar el tiempo que los internos tienen para apelar y el que las cortes de apelación tienen para decidir. Los reos acudirían al Departamento de Justicia, en lugar de a las cortes federales, como árbitro para decidir si los presos deben vivir o morir. De acuerdo con las nuevas normas, si un Estado solicitara acudir al Departamento de Justicia y Gonzales estuviera de acuerdo, los fiscales podrían utilizar los procedimientos «de vía rápida» que podrían acabar con el tiempo que un interno condenado a muerte tiene para apelar.
Defensa adecuada
Las medidas que plantea el Departamento de Justicia han consternado a los grupos que están contra la pena de muerte, pero también a algunos legisladores. En una carta enviada a Gonzales, el demócrata Patrick Leahy y el republicano Arlen Specter señalaron que «es crucial que los estados den las garantías de que los acusados cuentan con una buena defensa, antes de que se pueda solicitar la agilización del procedimiento al fiscal general». El también republicano Dan Lungren insiste en que se le otorgue más poder al fiscal general, en lugar de a los jueces, para agilizar el proceso, aunque sólo sea en los casos en que los reclusos hayan tenido asesoría legal adecuada.
Pero, de hacerse efectiva esta regularización, sería el fiscal general quien tendría el poder exclusivo de decidir si los defendidos reciben una adecuada representación en el juicio -fundamental, especialmente en los estados sureños, donde no existe un sistema público de defensa-, según señala el rotativo.
Los antecedentes de Alberto Gonzales no son muy alentadores, ya que ha optado por la condena a muerte en la mayoría de los casos que han pasado por sus manos. Al respecto, en declaraciones a la BBC, Elisabeth Semel, de la Universidad de California, apunta que «es como si se le diera el control del gallinero al zorro».
En su opinión, que coincide con la de otros muchos expertos, «acelerar el proceso va a implicar, inevitablemente, que no se puedan descubrir los errores legales que se cometen».
Es el caso de la realización de las pruebas de ADN, que llevan su tiempo pero cuyo desarrollo ha cuestionado la validez de muchas condenas a muerte y ha obligado a revocar varias.
Precisamente, Alberto Gonzales despidió el año pasado a ocho fiscales federales que, entre otras decisiones, habían rebatido sentencias estatales de penas de muerte.
La regulación, que será sometida a debate público en setiembre, está prevista que se empiece a aplicar «tan rápido como las circunstancias lo permitan», según declaró el portavoz del Departamento de Justicia de EEUU a «The Guardian».
Estados Unidos, con 53 presos ejecutados en 2006, es el sexto país del mundo que más condenas de muerte ha llevado a cabo, según datos de Amnistía Internacional. El primer puesto lo ocupa China, con 1.010 condenas, seguido de Irán (177), Pakistán (82), Irak (65) y Sudán (65).
El empeño de la Casa Blanca por facilitar la ejecución de la pena de muerte tropieza con la tendencia en muchos estados de EEUU, que la rechazan cada vez más. El año pasado, se registró la cifra más baja de condenados a muertes de los últimos tiempos, 114.
38 de 50
En Estados Unidos, 38 de sus 50 estados contemplan en sus leyes la aplicación de la pena de muerte, pero casi una tercera parte de ellos ha declarado una suspensión temporal de ese castigo. Rick Halperin, presidente de la Coalición para Abolir la Pena de Muerte en Texas, señala que cuatro de los estados con pena de muerte no han ejecutado ningún reo desde 1976, y otros catorce han ejecutado a menos de seis condenados cada uno desde entonces.
Sin embargo, en la actualidad unas 3.350 personas se encuentran en el «corredor de la muerte», la mayoría negros, chinos e hispanos y sin recursos, lo que les impidió, en muchos casos, contar con una defensa en condiciones.
Algunos han pasado allí más de veinte años mientras se desarrollaba el proceso legal con diferentes apelaciones para evitar la aplicación de la condena. Y es precisamente esta cuestión la que alegan quienes defienden la agilización de las ejecuciones, pues consideran demasiado caro mantener a esos presos, que suponen unos 66.600 euros anuales por condenado.
La Presidencia portuguesa de la Unión Europea (UE) reiteró ayer su oposición a la pena de muerte, en vísperas de la ejecución número 400 en el Estado de Texas -que encabeza, de lejos, esa lúgubre estadística- desde que la pena capital fuera reestablecida en allí en 1976, y pidió una moratoria sobre su aplicación por parte tanto de las autoridades federales como de las estatales.
En un comunicado, la Unión Europea «lamenta» la ejecución del preso Johnny Conner, de 32 años, prevista para hoy, e insta al gobernador de Texas, Rick Perry, a «hacer uso de su poder para detener las ejecuciones futuras».
Por otra parte, reitera la «oposición sin reservas» de la UE al uso de la pena capital «bajo cualquier circunstancia» y recuerda sus esfuerzos para conseguir «la abolición universal de este castigo».
«Creemos que la eliminación de la pena de muerte es fundamental para la protección de la dignidad humana y para el desarrollo progresivo de los derechos humanos», añade el comunicado, en el que se afirma también que la pena capital ha sido abolida en toda Europa porque «no existe ninguna evidencia» para afirmar que su uso «sirve como elemento disuasorio frente al crimen violento» y porque «la irreversibilidad del castigo supone que los errores judiciales no puedan ser reparados».
GARA
La ciudad texana de Huntsville, llamada la «ciudad de la muerte», es tristemente conocida por sus prisiones, en una de las cuales está previsto que se aplique hoy la pena de muerte a Johnny Conner, el condenado número 400 que será ejecutado en Texas, pero sus habitantes parecen llevar una vida tranquila. En Texas han tenido lugar más de un tercio de las ejecuciones realizadas en EEUU en estos treinta años y alrededor de dos tercios de las realizadas desde enero.
Mientras la prisión de Walls, una de las siete cárceles de Huntsville, se prepara a ejecutar hoy al reo número 400, la mayoría de los habitantes afirma estar al corriente de lo que ocurre detrás de sus paredes.
Kelly Sims creció en Huntsville, donde ha creado una familia y posee un comercio donde vende patés de la marca «Walls». «Cuando era joven, la gente manifestaba una especie de desinterés, supongo que era porque se vivía aquí y las ejecuciones no parecían ser un problema para la gente de la calle. No es que fuéramos indiferentes. Era más bien que eso formaba parte del decorado», afirma.
Para sus habitantes, las procesos se daban en otras partes del Estado y los presos esperaban en el «corredor de la muerte» de la prisión de Polunsky, cerca de Livingston.
El día de la ejecución de los condenados, sólo algunas personas están presentes cuando ésta se lleva a cabo: responsables de la prisión, un capellán, periodistas y el personal que aplica la pena capital.
Las familias del condenado a muerte y/o de las víctimas asisten a la ejecución en diferentes salas de la prisión de Walls, tras un cristal y cerradas con llave para evitar que las familias se encuentren.
«Aunque a veces a la ciudad de Huntsville sólo se le conoce por su papel en la pena de muerte, no debería definirse únicamente como un lugar de ejecución», señala Michelle Lyons, portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas. «Sus habitantes son una población diversificada de profesores, artistas, pensionistas, estudiantes y otros colectivos», recuerda.
A su juicio, «Huntsville es una ciudad donde las relaciones son muy amistosas. Mi marido y yo y nuestra hija vivimos muy felices en Huntsville», asegura Lyons.
Sin embargo, en los alrededores de la prisión siempre hay manifestantes. Entre ellos está Dave Atwood, de Houston y fundador de la Coalición de Texas para la Abolición de la Pena Capital, que indica que, desde hace quince años, en todo el Estado la gente hace vigilia las noches de ejecución. «Los texanos, comparativamente con otros estados, parecen tener una relación de amor con la pena de muerte, pero confío en que llegará el día en el que el Estado concluirá que la pena capital, como la esclavitud, debería pertenecer al pasado», sostiene.
Sims dice que observa a veces a quienes participan en las vigilias. «Es como si estuvieran fuera de nuestro mundo, nosotros no tenemos tanto tiempo como ellos para reflexionar sobre la cuestión. Es triste, es cierto, probablemente será más discutido en Portland (Oregon) que aquí, porque a nosotros nos afecta de cerca».
«Cuando hablas con la gente y descubren que vives en Huntsville, dicen: `sé dónde es, donde ejecutan a la gente' -apunta Sims-. Me gustaría que esta ciudad fuese conocida en el mundo paisaje y no porque aplica la pena de muerte».
Tori BROCK
