El pasado 1 de junio la empresa pública NASURSA, por orden del Gobierno de Nafarroa, y la empresa Desarrollo Sostenible, en nombre de la Asociación de Promotores y Constructores, firmaron las escrituras de compraventa de los 3 millones de metros cuadrados de terreno de Gendulain, declarando un precio de 90 millones de euros.

Este dato fue revelado ayer por el grupo municipal Erreniega, de la Cendea de Zizur, quien recuerda que esta cantidad sobrepasa ampliamente las competencias del Gobierno de Nafarroa para la enajenación de patrimonio. Según explica, la legislación vigente fija en 2,4 millones de euros el precio máximo para que el Ejecutivo pueda realizar una enajenación (adquisición o venta) de patrimonio, y a partir de esa cantidad la competencia es del Parlamento.

Enrique Miranda, concejal de Erreniega, informó que el Gobierno tampoco puede comprar estos terrenos de Galar a los vecinos, porque su valor declarado -6,2 millones de euros-, también supera sus competencias.

«Nos han dado la razón»

Erreniega ha venido denunciando que la operación Gendulain, que prevé la construcción de casi 19.000 viviendas en esta zona de Iruñerria, no cumplía la Ley de Patrimonio, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de Iruñea rechazó sus recursos argumentando que se trataba de una permuta.

«Sin embargo, la escritura de los terrenos nos ha dado la razón -afirma Erreniega-, ya que al realizar la compraventa han tenido que fijar un precio, 90 millones de euros, que no se había dicho hasta ahora. La importancia de esta cifra es crucial, pues además de fijar quién es el órgano competente para la enajenación de los terrenos, en base a ella se han pagado los 12,4 millones de IVA y los demás impuestos de transmisiones, que de otro modo sería imposible de determinar».

Erreniega también señala que este precio debe coincidir con el valor de los derechos edificables que van a recibir los promotores, y que hasta ahora no estaba fijado. «Este precio de 30 euros por metro cuadrado es el máximo que se puede poner, según el concurso de suelo, y lo han fijado las partes en el momento de la firma, tal como dice la escritura, lo cual es totalmente irregular. El precio debería haber estado desde el principio del concurso, en igualdad de condiciones que el resto de ofertas. Poner el precio después de fallado el concurso raya en el fraude y la prevaricación», sostiene el grupo municipal Erreniega.