Cuando los observadores de Amnistía Internacional visitaron Darfur, en 2004, quedaron consternados por el número de víctimas de violación que encontraron. Mujeres y niñas son violadas cuando recogen leña fuera de los campos de refugiados. Muchas han sido objeto de violación tumultuaria frente a su familia cuando los milicianos del Janjaweed queman sus hogares.

Cientos de casos de violación, inclusive de niñas de siete o nueve años de edad, fueron documentados por trabajadores de derechos humanos en el momento más crítico de la «limpieza étnica» en Darfur, en 2004.

Permitir que las víctimas de esos crímenes organizados den a luz equivale, según señalan especialistas, a ser cómplice de la agresión. Porque la conclusión más horrible de la violación como arma de guerra es que puede cambiar la composición étnica de una nación. En el caso de Darfur podría significar la arabización foerzosa de la próxima generación.

En 2005 unos 100 países tomaron una decisión sin precedentes al acordar que se incluyera la violación entre los crímenes de lesa humanidad que pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Los estatutos de la Corte mencionan «la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad equivalente» como crímenes de lesa humanidad, cuando se usan como parte de «un ataque extendido y sistemático» contra la población civil.

El pasado 12 de agosto el Alto Tribunal acusó al ex ministro sudanés del Interior, Ahmad Harun, y a Ali Kushayb de complicidad en la comisión de crímenes de guerra, entre ellos la violación en masa de civiles. Según Luis Moreno-Ocampo, fiscal de la CPI, Ali Kushayb, conocido como «coronel de coroneles» en Darfur occidental, permitió la agresión a la población civil «mediante la violación en masa y otros delitos sexuales». El fiscal citó una declaración de Harun, quien habría afirmado que «como los hijos de los fur se han vuelto rebeldes, todos los fur y sus posesiones fueron parte del botín» de la milicia Janjaweed.

En mayo pasado la corte emitió órdenes de detención. Sin embargo, aunque se dice que Kushayb está bajo custodia en Sudán, las autoridades de ese país se han negado a entregar a estos dos responsables militares para ser juzgados. El Gobierno de Sudán ha aducido la intención de juzgar a Ahmad Harun y Ali Kushayb, lo que descarta de momento una actuación de la Corte Penal Internacional, que sólo puede actuar cuando un estado es renuente o incapaz de juzgar crímenes en sus tribunales nacionales.

Africa cuenta en su seno con algunos de los países en que se han documentado más casos de violación como arma, aunque esta lacra no es patrimonio de ese continente, ya que las violaciones masivas de mujeres e extienden desde Camboya hasta Bosnia.

Se ha probado el uso sistemático de la violación en Liberia y Sierra Leona, la República Democrática del Congo y Somalia. Pero la mayor incidencia se reportó en Ruanda, donde según el Banco Mundial y Unifem por lo menos 250.000 mujeres, y tal vez hasta medio millón, fueron sujetas a violación sistemática durante el genocidio de 1994 entre la minoría étnica tutsi.

La CPI mantienen abiertos contra otros tres países africanos: la República Democrática del Congo, Uganda y la República Centroafricana. Entre los cargos contra los líderes del Ejército de Resistencia del Señor figuran la esclavitud sexual y la violación de niñas ugandesas. En la República Centroafricana, durante un conflicto entre el gobierno y grupos rebeldes en 2002-2003, «se cometieron violaciones de civiles en números que no pueden ser pasados por alto por el derecho internacional».