Enrique Fernández Ruiz, de 58 años y con 30 años de antigüedad en la empresa Alconza Berango SL, falleció en la madrugada del pasado 7 de agosto de un ataque al corazón, a las pocas horas de abandonar su puesto de trabajo en el turno de tarde.

La Seguridad Social le obligó a reincorporarse a su puesto de trabajo sin que estuviera totalmente recuperado de sus dolencias cardiovasculares, como constataron su médico de cabecera y el de la empresa. Ambos certificaron por escrito que no podría reincorporarse al mismo empleo, porque sus tareas eran incompatibles con su dolencia, ya que en su trabajo de oficial de segunda realizaba grandes esfuerzos con la maquinaria de la empresa. Según el médico, perjudicaría su salud, ya que Enrique Fernández padecía «una cardiopatía isquémica y una patología ostearticular crónica degenerativa».

Sin embargo, la Seguridad Social no le concedió la incapacidad permanente, como solicitó tras agotar el período de baja laboral y, aunque recurrió al Juzgado de lo Social número 5 de Bilbo, éste rechazó el recurso del trabajador en sentencia del 22 de mayo. En junio volvió a su puesto de trabajo y, a penas dos meses después, falleció. La decisión judicial no es firme, porque está recurrida y pendiente del Tribunal de Justicia del País Vasco.

LAB relató y denunció ayer esos hechos, a la vez que acusó a las administraciones públicas del papel que están jugando en materia de salud laboral, ya que, «a pesar de que dicen preocuparse y velar por la salud de la clase trabajadora, lo cierto es que a menudo se aplican altas médicas indebidas a trabajadores que no están recuperados. Eso se traduce en el empeoramiento de la salud del trabajador y en algunos casos se producen desenlaces fatales como pasó con Enrique», afirmó Igor Urrutikoetxea, secretario nacional del Metal.

Urrutikoetxea compareció acompañado por Ibon Zubiela, secretario nacional de Salud Laboral, el hijo del fallecido, Xabier Fernández, y dos delegados sindicales de LAB en la empresa de Berango: José Andrés González, que en junio «tuvo que dar una pastilla a su compañero porque había sufrido un amago de infarto», e Iñaki Robles, que certificaron la gravedad de lo que vivió su compañero.

Urrutikoetxea aseguró que «la actitud de la Seguridad Social sólo tiene un afán economicista» e Ibon Zubiela recordó, por otro lado, que la situación expuesta es «la punta del iceberg, porque estamos viendo que en Euskal Herria existen muchos casos que se tapan o se olvidan». Se preguntó «cómo puede ser posible que se le obligue a trabajar sin tener la aprobación ni de su médico de cabecera ni del de la empresa».

Xabier, hijo del fallecido, criticó en la comparecencia que «la cardióloga del hospital de Cruces también actuó mal. Le decía a mi padre que la presión que sufría no tenía nada que ver con el corazón, que era producto de la ansiedad. El se concienciaba que tenía que ir a trabajar, pero sabía y conocíamos que estaba mal. Tuvo que tomar muchas pastillas para evitar infartos. Hoy ya no está con nosotros». Ibon Zubiela también criticó la actitud de esa médica de la sanidad pública, porque «tras tomarse las pastillas contra el infarto, se recuperaba. No era ansiedad. Está claro».