Unas 30.000 campesinas marcharon ayer por la principal avenida de Brasilia para exigir al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, un mayor compromiso de su Gobierno en la lucha contra la pobreza y el hambre y medidas para frenar la violencia contra las mujeres.

Las participantes en la tercera edición de la llamada «Marcha de las Margaritas» ocuparon la Explanada de los Ministerios, la amplia avenida en la que están las sedes de los poderes públicos de Brasil, y marcharon hasta el Parque de la Ciudad, en donde se reunieron durante algunos minutos con Da Silva.

«Lula ya conoce nuestras reivindicaciones y por eso estamos aquí para reafirmarlas», afirmó la coordinadora de la división de mujeres de la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (Contag), Carmen Foro.

Afirmó que los problemas son muy antiguos y que es «inadmisible» que las mujeres aún tengan que marchar todos los años para exigirle al Gobierno que los resuelva.

«Queremos comenzar a construir alternativas para aquello por lo que protestamos en la Marcha de las Margaritas: la pobreza, la violencia y el hambre. No podemos convivir más con eso en el país», agregó Foro.

Las mujeres de las áreas rurales también exigieron que se mantenga la ley que les permitía jubilarse a los 55 años (en lugar de a los 60, edad establecida para las trabajadoras urbanas) y medidas por las que puedan tener «acceso al agua, a la tierra, a la seguridad alimentaria y a la igualdad de género».

La Marcha, que anualmente es organizada por grupos como la Contag, el Movimiento de los Sin Tierra (MST), la Central Única de los Trabajadores y el Movimiento de las Mujeres de la Amazonía, fue bautizado en homenaje a Margarita María Alves, una líder sindical asesinada en 1983 por ódenes de hacendados en el Estado de Paraíba.

Peticiones atendidas

En un comunicado divulgado ayer por la Presidencia, el Gobierno dijo haber atendido ya algunas de las peticiones de la Marcha de las Margaritas.

«La movilización de las trabajadoras rurales ha dado resultado en diversos programas y políticas públicas dirigidas a las mujeres, como el acceso a la tierra, asistencia técnica y crédito, así como medidas sociales y de ciudadanía», según la nota.

Entre las medidas ya adoptadas, el comunicado destacó un decreto por el que se obliga al Instituto de Colonización y Reforma Agraria a incluir los nombres tanto del hombre como de la mujer en los títulos de propiedad de tierras concedidos a familias beneficiadas por la reforma agraria.