La violación de un menor siempre conmueve a la gente de bien, y los políticos saben que cualquier medida represiva que se tome contra el delincuente tendrá una buena aceptación popular, mientras dura el estado de shock, por la identificación automática que se produce entre la ciudadanía con el dolor de la persona violada y su entorno familiar

Esta forma de legislar «en caliente», sin embargo, apenas resiste 48 horas. Esto es lo que le ha pasado a Nicolas Sarkozy cuando ha intentado encauzar la indignación que ha creado en Francia Francis Evrard, un pedófilo de 61 años que al mes de salir de prisión, después de diecisiete años de internamiento, ha reincidido con un menor.

Las primeras medidas de Sarkozy «en caliente» ya tienen una respuesta social importante.

El anuncio de la creación de un hospital cerrado para ciertos delincuentes podría hacer pensar que esta propuesta aporta un poco de luz a la eterna dicotomía: ¿locos o culpables?, o que es la confirmación de la clínica para algunas conductas transgresoras con base psicopatológica severa, pero no es ésta la idea a desarrollar si se plantea la derivación a este hospital después de 17 años de cárcel.

En el caso de la pedofilia, sin una relación constante con las alteraciones psicopáticas, es su comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos, lo que puede convertir a estas personas en enfermas peligrosas, con la necesidad de imponerles un tratamiento especializado. A Sarkozy se le puede acusar de querer concluir el caso Evrard precisamente por donde se hubiera podido empezar, es decir con un tratamiento clínico de psicólogos y psiquiatras.

Indirectamente, aunque no lo diga, el presidente francés está asumiendo que la cárcel y 17 años de condena no sirven para rehabilitar, y que la institución penitenciaria nada tiene que ver con un flamante centro especializado en rehabilitación social, ni con un centro de tratamiento especializado en delitos sexuales, ni en toxicomanías, ni en violencia de género, ni en las conductas agresivas con que se visten la mayoría de los delitos violentos, y eso los enfermos y los culpables que allí habitan lo descubren muy pronto. Lo que prima en la institución carcelaria es la seguridad y, en definitiva, el conjunto de programas y actividades que se implementan allí son para incrementar el nivel de convivencia y seguridad ante una masificación carcelaria, lo que los ejecutivos carceleros siempre han llamado «seguridad activa». Por tanto, es muy normal que los internados con una visión muy afilada de la realidad, pues los rasgos paranoides son muy frecuentes en ellos, no se confíen a la ética y experiencia de un titulado en Psicología que hasta ayer era guardia de la prisión. Saben de sobra que en muchas instituciones carcelarias se forma la plantilla de psicólogos con una selección entre los funcionarios de vigilancia. Esta preferencia explica por sí misma la importancia que se le da al tratamiento psicológico especializado en terapias intensivas (sean psicodinámicas o cognitivo-conductuales), en psicoterapias individua- les o grupales para los condenados por delitos sexuales, y el respeto que merece el «paciente». Así se explica que en el Estado español sólo un 8,25% de los condenados por delitos sexuales en la actualidad hayan seguido un programa específico mientras han estado en prisión.

Una máquina técnica y su parte burocrática, si se dejan sin rumbo, se pierden por los caminos de la auto referencia y del corporativismo, y a la larga de la ineficacia social.

En la prisión francesa de Caen hace tiempo que se creó el centro médico-psicológico, pero no funciona por falta de recursos. Sin una distancia terapéutica, en lugar de trabajar para toda la sociedad de acuerdo con unas funciones y unas leyes, trabajarán intuitivamente solamente para la defensa de su grupo y de su burocracia. Y cuando, propio de establecimientos decrépitos, se descubren casos de abusos, de ineficacia, de malos tratos o de abandono, no olvidemos que estamos hablando de instituciones de control, siempre se dirá que son casos aislados o extralimitaciones ocasionales de funcionarios que «intuitivamente», al margen de un procedimiento establecido, actúan por su cuenta o no actúan. Entonces los políticos y altos directivos, tal vez pensando en la temporalidad en que se mueven y en que lo ocasional no se repetirá, caen fácilmente en la tentación de afrontar los casos de una forma maniaca, llena de gestos populistas, pero muy lejos de fomentar con sus anuncios el desarrollo humano y social.