Miguel Angel Jiménez Amador perdió a su madre el pasado día 5 de agosto. Falleció en la UCI del Hospital de Navarra. La última vez que la vio en la calle y con vida fue en la medianoche del 28 de julio. Ayer contuvo la emoción para relatar en tono sereno y firme qué ocurrió aquella noche en el barrio de Errotxapea. Narró cómo él y sus familiares -de raza gitana- acudían a una fiesta de «petición de mano» y cómo vieron que «había varias furgonetas de Policía Municipal debajo de la casa de mi hermana». Dijo que su padre, Paulino, se acercó a preguntar qué ocurría. Al parecer, los municipales tenían esposada a una persona a la que conocían y Paulino «les comentó que no le pegasen». Entonces, afirmó Miguel Angel, les llovieron los golpes.

«Yo me adelanté y me metí en medio, y empezaron a golpearme y a lanzar insultos racistas... Fue una paliza de para qué contar», rememoró. Miguel Angel, de 30 años, añadió que mientras sufría los porrazos tuvo tiempo de avisarles de que su madre María Antonia, que les acompañaba, estaba enferma: «Les grité varias veces que no le pegasen, que estaba trasplantada del riñón, pero siguieron...», relató compungido.

La mujer, de 52 años, sufrió una hemorragia de tronco cerebral. Su salud era precaria anteriormente. Según la versión de la familia, coherente con el parte médico emitido en el hospital donde fue atendida por traumatismo craneal, sufrió un porrazo en la cabeza. Miguel Angel, su hijo, tampoco perdió la serenidad al resumir como conclusión que «la familia está muy dolida, indignada. Tenemos impotencia y rabia. El dolor es incalculable. Por ser la Policía Municipal no tienen derecho a golpear así a la gente, somos personas y nos trataron como a perros, aunque estuviéramos enfermos». Y es que no sólo la fallecida María Antonia Amador convalecía del trasplante, sino que también el propio Miguel Angel sufre una disfunción sensitiva en media parte del cuerpo, apreciable al primer golpe de vista dado que camina apoyado en un bastón. Pero él también fue golpeado: mostró tras la rueda de prensa que en su pierna derecha, junto al tobillo, todavía tiene la marca de un porrazo: «Me rompieron un músculo», denunció.

Silencio municipal

A la familia Amador Jiménez le dio voz ayer la plataforma ciudadana Iruñea Gu Geu en una comparecencia de prensa en la que resaltó el abrumador silencio extendido sobre este hecho. Muy pocos medios se han hecho eco de lo ocurrido. Desde la Policía Municipal, un portavoz se limitó a afirmar en la prensa local que los agentes intentaron mediar en una pelea entre vecinos y que fueron agredidos por éstos. No admiten que hubiera golpes, aunque sí cuatro detenidos, entre ellos Paulino Jiménez y Miguel Angel Jiménez, que no salió de comisaría hasta el día siguiente, cuando su madre ya estaba en la UCI. El Ayuntamiento de Iruñea no ha dicho una sola palabra, pese a los emplazamientos de dos grupos: Nafarroa Bai y ANV.

Pero el silencio no se limita a las instancias políticas. La muerte de María Antonia Amador y sus circunstancias no han tenido eco alguno en la mayor parte de los medios, y limitado en el resto. Ayer, en la primera comparecencia pública de la familia junto a Iruñea Gu Geu, la presencia de periodistas resultó mínima. Por lo que respecta a los tribunales, no consta que hasta el momento se haya adoptado alguna iniciativa, aunque la familia puso el caso en manos de abogados desde el inicio. Todo ello hace que, como subrayó Dani Saralegi en nombre de la plataforma, a día de hoy esta muerte «no es conocida por la mayoría de los ciudadanos».

La familia, pese a todo, agradeció su presencia a los escasos medios que acudieron a la convocatoria de ayer. Afirmó que ahora sólo piden que se haga justicia. Y remarcan que nadie se ha puesto en contacto con ellos desde las instituciones.

«Se veía venir»

Pese a su gravedad, para Iruñea Gu Geu lo ocurrido «es algo que se veía venir», según el comunicado al que dieron lectura Dani Saralegi y Marta Pérez. La plataforma ya venía alertado de las actuaciones de la Policía Municipal de Iruñea, en las que destacan dos aspectos: la «brutalidad» y la «impunidad». «La situación es límite», concluyeron tras este caso, por lo que exigen tanto el cese del jefe del cuerpo policial, Simón Santamaría, como el impulso a un amplio debate social sobre la identidad y las funciones de la Policía Municipal de Iruñea.

Tras apuntar con numerosos ejemplos que este tipo de cargas y otras actuaciones represivas son norma contra iniciativas populares, incluso de carácter festivo, matizaron que hay colectivos especialmente desprotegidos, como el de los inmigrantes o el de los gitanos. Pérez citó como ejemplo un reciente caso en que varios vehículos estaban aparcados en el mismo sitio, al parecer de modo irregular, pero los municipales sólo abordaron a uno de sus conductores, de raza negra. Apuntó que en estos casos la posibilidad de represalias a partir de la Ley de Extranjería aumentan su desprotección. Y denunció también los claros efectos perniciosos de que estos colectivos «sean etiquetados como `más proclives al delito'».

La comparecencia de ayer tenía como objeto principal, según explicaron sus promotores, «servir de altavoz» a la denuncia del caso de la familia Jiménez Amador. Pero es también el punto de partida para una campaña de denuncia que se iniciará el viernes con una concentración ante la sede de la Policía Municipal de Iruñea a las 19.00. Con ella pretenden, según apuntó Saralegi, «hacer una interpelación directa tanto a los implicados en lo ocurrido en Errotxapea como a los agentes que no tienen esa actitud», ya que consideran evidente que el cambio en el cuerpo debe comenzar «desde dentro».

Moción y personación judicial

Se anticipan ya otras iniciativas, como la presentación de una moción en el Ayuntamiento para cuya definición Iruñea Gu Geu se reunirá con Nafarroa Bai, PSN y ANV. «Esperamos una respuesta positiva si apuestan por el cambio, como dicen». Les gustaría poderla debatir en el Pleno del día 21, y en ese caso se convocaría una concentración en la Plaza Consistorial.

Además, con la intención de que las circunstancias de la muerte de María Antonia Amador se esclarezcan, estudian personarse como acusación popular en el caso.

Junto a ello, inciden además en la necesidad de un debate en profundidad, en el ámbito social y en el político, sobre la Policía Municipal de Iruñea. Y mientras tanto animan a «denunciar cualquier actuación por parte de cualquier policía municipal» para evitar situaciones como la producida el 28 de julio en Errotxapea con final trágico.