Bruselas se topa con las ventajas fiscales de la Iglesia católica
La Comisión Europea ha pedido información al Estado español y a Italia sobre las exenciones fiscales a la Iglesia católica que pueden ser incompatibles con la normativa comunitaria. Madrid debe responder a mediados de este mes, mientras Roma debe ampliar la información que Bruselas ha estimado insuficiente. En Italia se ha desatado la polémica política a pesar de que incluso una posible investigación está aún lejos de las intenciones de Bruselas.
GARA |
La Comisión Europea espera la respuesta del Estado español a la información que le solicitó sobre las exenciones fiscales que concede al patrimonio de la Iglesia católica y pedirá más datos sobre este mismo caso a las autoridades de Italia, debido a que sospecha que en ambos casos podrían constituir una ayuda estatal ilegal, aunque todavía no ha decidido si iniciar una investigación formal en ninguno de los dos casos.
En el caso español, el pasado 19 de julio pidió información por carta a las autoridades españolas y espera una respuesta este mes. «El examen trata de evaluar la posible calificación de la exención como una ayuda estatal y su compatibilidad con el mercado único», indicaron fuentes comunitarias que precisaron que las dudas se centran en las exenciones del patrimonio de la Iglesia.
Las fuentes añadieron que si finalmente la Comisión determina que tal exención constituye una ayuda estatal «incompatible», se pediría al Estado español que «elimine voluntariamente los elementos de ayuda incompatibles de la exención». Si las autoridades españolas no lo hace, entonces Bruselas «podría decidir iniciar una investigación formal».
El eurodiputado español Willy Meyer (IU) y el italiano Marco Cappato (Partido Radical), llevan meses interpelando a la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, para que examine la legalidad de la exención del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de que goza la Iglesia católica.
Por lo que respecta a Italia, el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, precisó que de momento tampoco hay investigación, pero que se va a solicitar por segunda vez información a sus autoridades sobre sus exenciones fiscales a los bienes inmuebles de la Iglesia en este país. La Comisión envió una primera petición de información a Roma en el mes de enero y en julio recibió una respuesta que Bruselas cree «insuficiente» y por eso ha pedido más datos. «Hemos recibido información y vemos que no es suficiente, vamos pedir información suplementaria».
En concreto, las sospechas se centran en tres disposiciones legales italianas que reconocen a la Iglesia católica exenciones fiscales locales sobre propiedades inmobiliarias, exenciones fiscales sobre empresas si la renta viene de propiedades inmuebles de la Iglesia católica y una reducción del 50% del impuesto de sociedades para entidades no comerciales de instituciones religiosas.
El portavoz indicó que, tal como es habitual en este tipo de casos, la petición de información al Gobierno italiano se produjo después de que la Comisión recibiera quejas sobre estas supuestas irregularidades. Rehusó desvelar la identidad de los denunciantes, también práctica habitual, para protegerles ante potenciales represalias. Aclaró que «no estoy sugiriendo que la Iglesia en particular tratase de tener represalias» sino que se trata de «una regla general de proteger la identidad de los denunciantes a menos que estos acepten que se sepa».
Esta no es la primera vez que la Comisión se plantea tomar medidas en relación a las actividades de la Iglesia católica en un país de la UE y que ya hay precedentes en Bélgica y también otro en el Estado español.
Así, en diciembre de 2005 la Comisión pidió a Madrid que modificara el Acuerdo entre el Estado español y el Vaticano sobre Asuntos Económicos -el Concordato de 1979- al declarar ilegales las exenciones al pago del IVA a determinadas entregas de bienes muebles e inmuebles vinculados a la actividad religiosa efectuadas por comerciantes con destino a la Iglesia católica.
Reacciones en Italia
El mundo político italiano acogió dividido la decisión de la Comisión. El subsecretario de Economía, Paolo Cento, de los Verdes, consideró que la acción de Bruselas confirma la necesidad de que Estado y Vaticano busquen «una solución compartida y equilibrada», que salvaguarde la función social de la Iglesia. y rechazó las acusaciones de anticlericalismo.
«Anatema. Si yo fuese la Iglesia excomulgaría a la Unión Europea a quien la apoya entre nosotros en Italia», fue la tajante opinión del representante de la Liga Norte Roberto Calderoli, para quien querer «imponer impuestos a quien se ocupa de cosas espirituales y caridad es realmente de excomunión».
La derechista Alianza Nacional calificó de «increíble, la ofensiva, hasta en el plano fiscal, que el Gobierno mueve contra la Iglesia» y advirtió a la Unión Europea de que «evite graves interferencias que no serían tolerables, y se preocupe más de la ofensiva del terrorismo fundamentalista».
El principal partido de la oposición, Forza Italia, del ex primer ministro Silviio Berlusconi, consideró oportuno que el actual jefe del Gobierno, Romano Prodi, «tome distancia de los anticlericales que se agitan en su coalición y defienda y papel social insustituible de la Iglesia», según Maurizio Lupi.
El jefe del grupo de la Rosa en el Puño (de la coalición de Gobierno), en el Congreso, Roberto Villetti, indicó que la acción de Bruselas responde a que existe «privilegios inadmisibles en la Unión Europea».
Desde 2005, cuando la introdujo el Gobierno de Silvio Berlusconi, en Italia existe una ley que exonera a la Iglesia de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles (ICI) para los edificios de su propiedad. Además, prevé el descuento del 50% del impuesto general sobre la renta de las sociedades (IRES) y la exención del IVA para las instituciones, entre ellas las eclesiales, que prestan asistencia o beneficencia pero también a las estructuras hospitalarias y de educación.
Bruselas se defiende
Ante estas reacciones, la Comisión Europea rechazó estar faltando al respeto a la Iglesia católica y afirmó que este paso se debe a su obligación de respetar y hacer respetar el Derecho comunitario.
El portavoz de la Comisión, Johannes Laitenberger, consideró que «la acusación no tiene ningún fundamento» y que «este asunto merece el respeto por parte de la Comisión frente a la Iglesia. No es cuestión de respeto por una organización, sino una cuestión de respeto de los principios del Derecho comunitario», aseguró.
En esta línea, el portavoz del departamento de Competencia encargado de este asunto, Jonathan Todd, afirmó que el proceso actual es el que se inicia habitualmente en iguales situaciones.
«Cuando recibimos quejas tenemos la obligación de verificar si hay un problema de respeto de la ley comunitaria», explicó y recordó que «el Tratado de Roma impone a la Comisión la obligación de verificar la correcta aplicación de la ley comunitaria y es lo que hacemos».
El portavoz recalcó «cualquier investigación que hipotéticamente tuviera lugar en el futuro estaría limitada puramente a las comerciales actividades de la Iglesia. Las reglas de ayudas de Estado sólo pueden aplicarse a situaciones donde hay actividades económicas y cuando hay un riesgo de distorsión de la competencia, así que se limitaría puramente a los impuestos por actividades comerciales», insistió Todd.
Desde la Iglesia Católica el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y arzobispo de Génova, Angelo Bagnasco, instó a considerar «con mucha atención la labor social de la Iglesia, para no caer en posiciones con prejuicios de tipo ideológico», según afirmó en una entrevista publicada por el diario «La Repubblica».
«Creo que todos pueden observar lo que la Iglesia hace cada día por los pobres, los jóvenes, por la educación. Lo hace con todos los fondos y recursos de los que dispone», añadió», añadió. En el mismo sentido, en Radio Vaticano pidió que «se reconozca expresamente la labor continua que la Iglesia ha llevado a cabo durante siglos y continúa llevando a cabo a favor de los más pobres y débiles, poniendo a disposicón los recursos humanos y económicos de que dispone».
Bagnasco también rechazó que la Iglesia Católica disfrute de «privilegios» fiscales. En su lugar, definió las exenciones de determinados impuestos como «facilidades», gracias a las cuales «se hacen obras de beneficencia no sólo para los católicos sino para toda la sociedad».
El Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979 reformó el Concordato de 1953 entre la Iglesia Católica y el Estado español. En su primer artículo establece que «el Estado se compromete a colaborar con la iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto al principio de libertad religiosa» y establece la financiación a través de una declaración expresa de los contribuyentes en el IRPF. Aunque la iglesia declara su voluntad de «lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades», no descarta continuar recibiendo ayudas de dinero público. En 2006 recibió alrededor de 144 millones de euros. El resto de confesiones recibió unos 4 millones, pero con un uso limitado. Pero además de esta dotación económica directa, el acuerdo supone beneficios fiscales como la exención total y permanente de la contribución territorial urbana y la exención de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia de la mayoría de sus inmuebles, como templos y capillas destinados al culto; edificios anejos destinados a la actividad pastoral; la residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes; los locales destinados a oficinas; los seminarios destinados a la formación del clero; las universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas y los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes religiosas. El acuerdo recoge también la exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio y la exención total de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales, siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del clero, al apostolado y al ejercicio de la caridad.
Según el profesor de Derecho Público la UPNA Alejandro Torres, autor del trabajo «La financiación de las confesiones religiosas en España», la exención del IBI de las residencias particulares choca con el principio de laicidad, por otorgar a los sacerdotes un estatus privilegiado respecto al resto de ciudadanos, y vulnera el principio de igualdad, ya que no lo hace con el resto de confesiones religiosas.
