Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) señalaron ayer en un comunicado haber entregado de Cruz Roja Internacional la información necesaria para el rescate de los cadáveres de los once diputados secuestrados por la guerrilla que fallecieron en 18 de junio en un fuego cruzado.

En el comunicado, las FARC asumen su «responsabilidad como garantes que éramos» de la integridad de los diputados, pero rechazan de forma enérgica «las lágrimas de cocodrilo del presidente Uribe tratando de eludir la suya, siendo cabeza de la violencia oficial, obstáculo principal para la concreción de un acuerdo humanitario y quien transformó sus odios personales en razones de Estado».

La organización guerrillera, que insiste en que seguirá luchado por el acuerdo humanitario que «permita el regreso de todos los prisioneros de guerra y que puede ser la llave que abra las puertas a una solución civilizada de la confrontación», asegura no haber identificado aún al grupo al que atribuye las muertes de los diputados, pero «continuaremos en esa tarea».

Afirma que desde principios de junio aumentaron los operativos de la fuerza pública en el suroeste de la costa del Pacífico, en el departamento de Nariño, donde «se multiplicaron los enfrentamientos». Añade que el 17 de junio «los guerrilleros fueron atenazados entre la fuerza pública uniformada y paramilitares», a unos 20 minutos por río del campamento donde estaban los diputados, y que en la zona hubo «presencia abierta de paramilitares actuando conjuntamente con la Fuerza Pública». Además, constata presencia de «comandos militares sin identificación visible» que dicen ser «cazarrecompensas».