Más de cuatro años después de que se pusiera en marcha la operación jurídico-policial dirigida por el juez Baltasar Garzón contra Udalbiltza, el fiscal Juan Moral hizo público ayer su escrito de conclusiones provisionales. En él solicita 240 años de cárcel para los 22 procesados en el sumario bajo la acusación de «integración en organización terrorista» y «malversación de caudales públicos».

Para la totalidad de los acusados, la Fiscalía pide 10 años de cárcel por «integración en organización terrorista» y para cuatro de ellos -Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa, Xabier Alegria y Xabier Iragorri- reclama además otro cinco años por un presunto delito de «malversación de caudales públicos». El resto de acusados son Miriam Campos, Leire Idoiaga, Karmele Urbistondo, Oskar Goñi, Larraitz Sanzberro, Txema Jurado, Lander Etxebarria, Eider Casanova, Miren Josu Aranburu, Imanol Esnaola, Xarlo Etxezaharreta, Espe Iriarte, Jasone Astibia, Urko Irastorza, Maribi Ugarteburu, Juan Karlos Alduntzin, Miren Odriozola e Ibon Arbulu.

Asimismo, demanda que se decrete la clausura definitiva de las entidades Udalbiltza-Kursaal, Udalbiltza Partzuergoa y Euskal Garapen eta Kohesio Fondoa, «sus locales y estableci- mientos, la disolución de las mismas, y la prohibición de realizar actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase que fueren». El fiscal ha remitido su escrito de calificación a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ahora debe señalar la fecha del juicio.

Moral hace referencia en su escrito a todos los indicios sobre el funcionamiento «alegal» de la institución nacional vasca recabados por Garzón, que ordenó el primer operativo policial en abril de 2003. Así, relata la primera Asamblea que realizaron electos de la izquierda abertzale en el Kursaal donostiarra, el 24 de febrero de 2001, fecha que, según dice, marca el inicio de una trayectoria en la que la institución «actuará bajo la única dirección de ETA-Ekin».

El fiscal recuerda la creación de la institución nacional, en setiembre de 1999 en el Palacio Euskalduna. Con posterioridad a la ruptura de la tregua de ETA, los electos de PNV y EA abandonaron Udalbiltza y crearon el Consejo de Dirección, desde donde constituyeron Udalbide.

Tras la división, indica Moral, «ETA-Ekin y la izquierda abertzale reactivaron Udalbiltza», con lo que pretenden «no sólo burlar las resoluciones judiciales que desbarataron el entramado político, social y financiero de ETA», en referencia al resto de macrosumarios, «sino «presentar candidaturas electorales locales» que aseguren «el control de ETA-Ekin». El pilar de ese proyecto, según el fiscal, serían los ayuntamientos, cuya legalidad se aprovecharía «para generar espacios de alegalidad como Udalbiltza que se financian, al menos en parte, con fondos públicos desviados por los propios responsables de las corporaciones que, a su vez, lo son de la estructura ETA-Ekin».

Comprometida a seguir igual

Tras conocerse la petición fiscal, la institución nacional hizo público un comunicado en el que aseguró que «trabajar por la construcción de Euskal Herria no puede ser delito. Se trata de una burrada política y jurídica». Razón por la que exigió el inmediato archivo de la causa, «que no tenía sentido hace cuatro años y tampoco ahora».

«Cada vez que golpean al embrión de la representación institucional nacional creado por Euskal Herria incrementan la importancia de Udalbiltza», consideró, al tiempo que advirtió que «nos encontramos ante un ataque brutal, de carácter político, del Estado español a Euskal Herria. Es una agresión a su derecho a institucionalizarse».

«Udalbiltza ha jugado un papel fundamental en la reivindicación de la nacionalidad, en la construcción nacional y en la estructuración institucional de nuestro pueblo» en estos últimos ocho años, afirmó, y anunció que en adelante continuará la misma línea, «con la misma responsabilidad y firmeza».