La Asociación de Víctimas del 3 de Marzo de Gasteiz no ocultó ayer su «más absoluta decepción» porque el informe del Gobierno Ibarretxe sobre las víctimas de la violencia no incluya a los muertos, heridos, torturados o represaliados por las FSE. Tal apreciación la extraen del encuentro que el pasado lunes mantuvo una representación del colectivo con los responsables de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo de Lakua, Maixabel Lasa y Txema Urkijo.

«Nos causa perplejidad y extrañeza que un proyecto que cuenta, según se nos dijo, con el visto bueno del Gobierno Vasco y de los tres partidos que lo componen -PNV, EA y EB- incumpla lo que ese Gobierno prometió», lamentaron desde la asociación antes de recordar las promesas previas del inquilino de Ajuria Enea. «Fue el propio lehendakari en una reunión celebrada en vísperas de las elecciones de 2001 cuando se comprometió, al igual que antes lo había hecho el Parlamento, a que una vez agotadas las vías en el Estado español para reconocernos, sería el Gobierno Vasco el que tomaría las medidas oportunas para reparar y corregir la injusticia», explicaron.

Las víctimas de los violentos hechos acontecidos el 3 de marzo de hace 31 años en la capital alavesa consideran que el proceso para la elaboración de la Ley de Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Gasteiz era una ocasión «idónea» de cumplir con lo prometido. «Desgraciadamente parece que no será así», se quejaron, aunque anunciaron que «nos vemos avocados a continuar luchando por conseguir lo que en justicia y tras más de 31 años nos merecemos: verdad, justicia y reconocimiento».

Recordar el compromiso

El colectivo ciudadano iniciará su trabajo tratando de reunirse con Juan José Ibarretxe y los responsables de los partidos que conforman el tripartito «para recordarles su compromiso y para que esta ley de víctimas sea una ley justa y ecuánime y no discrimine, no solamente a los afectados del 3 de marzo, sino a ninguna de las víctimas ocasionadas por expresiones de violencia política provenientes del Estado».

En caso de no lograr que PNV, EA y EB cumplan con sus promesas, considerarán que las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento, a nivel institucional, han sido «puros actos de hipocresía y falsedad, carentes de todo contenido y encaminados a lavarse la cara y quedar bien ante la sociedad». En su valoración, afirman no compartir «en modo alguno» que la institución que dirige Lasa pretenda excluir del listado de víctimas de grupos de extrema derecha a aquellas personas afectadas por las múltiples intervenciones de las fuerzas policiales.

«Si el criterio que utilizan para definir terrorismo es el uso de la violencia para vulnerar los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, con ánimo de influir o alterar el normal desarrollo de la actividad social o política, y teniendo en cuenta que una inmensa mayoría de las víctimas ocasionadas por los cuerpos represivos del Estado, lo fueron en una época de dictadura franquista o postfranquista, en la que se carecía de todo tipo de libertades y en la que era el propio Estado el que ejercía el terror, precisamente para perpetuar la dictadura, un listado serio y riguroso de víctimas, no puede excluir a las ocasionadas por esa violencia ejercida desde el Estado», manifiestan a este respecto.