El pasado domingo cientos de familiares, nos encontrábamos a muchos kilómetros de Euskal Herria cuando nos asaltó la información del desastre organizado en Donostia por la Ertzaintza.

Habíamos comentado con nuestro hijo, a través del sucio cristal reforzado con barrotes que nos impide ni tan siquiera tocarle, la preocupación por nuestros familiares y compañeros que acudirían a la manifestación. Hablamos de la desfachatez increíble con que se prohíbe el libre ejercicio de la libertad de expresión a un sector de nuestra sociedad.

Las noticias de las emisoras de radio estatal nos acercaron a ese crudo resultado que buscaban los que la prohibieron. Después, durante el viaje de vuelta a casa, como siempre con la tristeza de dejar a nuestro hijo en, como dice él, «un pozo humano», nos pusimos en contacto con nuestros familiares que habían acudido a Donostia. El relato telefónico de lo que estaban viviendo era estremecedor.

No sólo queremos referirnos al elemental derecho de manifestación o a no ser apaleados por intentar ejercerlo, sucesos que sólo se producen cuando la policía interviene. Nos referimos además a los derechos de las personas encarceladas: los de nuestros hijos e hijas, de nuestros familiares y amigos. Derechos que intentaban reclamar los que pretendían manifestarse. Este era su único delito. También el de Juan Mari Olano.

La denuncia de la política penitenciaria viene siendo una constante durante años. Esa política que nos obliga a arriesgar la vida en las carreteras todos los fines de semana para poder mirar a nuestros hijos, familiares o allegados a los ojos, no sin dificultad, para intuir su ánimo y para transmitirles todo nuestro cariño y apoyo desde lo más profundo de nuestro corazón. La misma política penitenciaria que los mantiene alejados, encarcelados en condiciones infrahumanas aun cuando padecen enfermedades graves o incurables que pueden arrastrarles a la muerte, como ya ha ocurrido, por una asistencia sanitaria inaceptable. Prisioneros con sus condenas cumplidas y que son mantenidos en prisión. Situaciones de aislamiento y soledad durante largos años y todo un sin fin de vulneraciones de derechos fundamentales.

Esa quería ser la denuncia de los manifestantes. Y la policía que lo impedía es la misma que en otras ocasiones ha apaleado a familiares y amigos en los cementerios cuando nos han devuelto los cuerpos sin vida de nuestros seres queridos . La misma que es denunciada por torturar a los detenidos. En definitiva, unos policías, pagados por todos y todas, comandados por un Gobierno autónomo al servicio de un estado que está muy lejos de serlo de derecho.

Nosotros, a pesar de nuestra ilusión por ir a ver ése rato a nuestro hijo, como el resto de familiares y allegados que estaban en las carreteras, nos sentimos mal. Porque habríamos estado allí. Era nuestro derecho y nuestra obligación.

Desgraciadamente son muchos años reclamando el final de una política penitenciaria asesina e inútil. Y nadie nos va a persuadir de lo contrario. Son nuestros hijos e hijas, nuestros familiares y amigos, y como soportamos el sufrimiento de comprobar que son maltratados a diario o como hacemos los fines de semana en las carreteras, estamos dispuestos a dejar la vida en ello . Que no se les olvide.