La Confederación Sindical Internacional (CSI) elabora cada año un informe sobre los derechos laborales en el mundo, dibujando un mapa de continuo retroceso en su observancia. Se narran, además, violaciones de derechos tan graves que alcanzan hasta la propia eliminación física de sindicalistas, que se dio en 2006 un 25% de ocasiones más que el año anterior. También hubo arrestos, torturas, detenciones, palizas, amenazas de muerte... y muchos despidos. Todo ello para hacer frente a la labor en defensa de los derechos laborales.

El país que según este informe aparece como más peligroso para la lucha sindical es Colombia -donde la CSI se propone abordar un plan de acción específico-, y en general en los países en vías de desarrollo el capital parece tener menos barreras a la hora de imponer sus violaciones de derechos como norma en las relaciones laborales. Pero también en los países del Occidente rico y «civilizado», donde las luchas llevadas a cabo por los trabajadores han conseguido con mucho esfuerzo establecer en las legislaciones respectivas los derechos de carácter laboral su observancia está en franco retroceso. Y en este caso, por el empuje y poder de las empresas multinacionales para saltarse a la torera legislaciones, constituciones y cartas de derechos fundamentales.

Los datos aportados por la CSI apuntan tanto a estados como a empresas a la hora de señalar, en los países desarrollados, a los responsables de las presiones que se ejercen contra los trabajadores para que éstos incluso renuncien a pelear por mejoras laborales. Y es que, atendiendo a las prácticas de tinte mafioso de las grandes empresas multinacionales con sus trabajadores y trabajadoras, el dicho de que el capital no entiende de patrias ni de derechos aparece como más real que nunca. Pero son los poderes públicos, tanto estatales como supranacionales, quienes al final permiten esas prácticas. En unos casos, haciendo oídos sordos a las denuncias sindicales y en otras ocasiones, aprobando disposiciones legales que suponen un ataque en la línea de flotación de los derechos laborales.