La primera sesión del juicio oral por este caso, que afecta a mas de 4.000 inversores y decide sobre una responsabilidad patrimonial superior a los 50 millones de euros, también sirvió para que Caja Madrid se defendiese de la responsabilidad civil subsidiaria de la que le acusa el fiscal, en la que los clientes ven una vía para recuperar el dinero invertido ya que han cobrado 26 millones en indemnizaciones.

Previsiblemente, hasta el próximo lunes, el tribunal de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por la juez Carmen González Campos, no decidirá sobre las peticiones de prueba y las cuestiones previas realizadas ayer, según fuentes jurídicas.

La tendencia entre las acusaciones y defensas fue pedir la nulidad del auto de apertura de juicio oral dictado, hace dos años, por la juez de instrucción Teresa Palacios, dado que para las acusaciones no incluye a «todos los que son» y, a juicio de varios representantes de los imputados, no incluye datos que podrían «salvar» a los catorce imputados en la causa por apropiación indebida y falsedad.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Bancos (Adicae) recibió el apoyo de otras 23 acusaciones para solicitar la imputación de la ex presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, que dimitió en 2001, el ex vicepresidente del organismo regulador, Luis Ramallo, y el ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, en busca de la responsabilidad civil del Estado.

Antes del juicio, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, que consideró «escandaloso» que se haya tardado seis años en comenzarlo, mostró su esperanza en que se impute a más personas y se resarza a los afectados y calificó a Camacho como un «mindundi» que quería ser como Mario Conde, con el apoyo de algunos políticos y bancos.

Para soportar la nulidad del auto de la juez Palacios también reclamaron la responsabilidad de otras entidades como Bankinter, Deutsche Bank y HSBC.

También la defensa de Antonio Camacho, principal imputado, propuso que comparezcan como testigos el ex presidente desde 1996 hasta el 2000 o el que fuera director de supervisión de la CNMV Ramiro Martínez Pardo del Valle.

También Caja Madrid aludió a la CNMV al presentar, como prueba, dos certificados de que no se le ha abierto ningún expediente sancionador como consecuencia de la gestión de los 10,43 millones de euros en valores de clientes de Gescartera.

Perfil muy diferente demostró La Caixa que apostó por detalles formales en las cuestiones previas ante el tribunal, dado que dos de sus empleados, el antiguo director y subdirector de una sucursal en Majadahonda.