El Tribunal Supremo chileno dio luz verde a la extradición a Perú del ex presidente Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y cinco casos de corrupción. Esta nueva decisión judicial rechaza un fallo anterior del juez Orlando Álvarez que, el 11 de julio, denegó la extradición alegando que no había pruebas suficientes para demostrar la participación de Fujimori en tales delitos.

Tras varias horas de tensa espera, el presidente de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal chileno, Alberto Chaigneau, informó que «de los 13 casos, 7 fueron aceptados. No fue complicado. Fue muy largo, no más». Negó también haber recibido «presiones» por parte de las autoridades chilenas y afirmó que «es cuestión de conocernos para darse cuenta de que no nos van a presionar».

«Fue mucho más fácil de lo que pensaba y, sobre todo, lo que era importante, la decisión en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, fue unánime», manifestó al centenar de periodistas reunidos en la sede del Poder Judicial, en la capital chilena.

Poco después de que Chaigneau diera a conocer el dictamen, uno de los abogados del ex mandatario peruano, Gabriel Zaliasnik, señaló que no interpondrán ningún recurso.

Aunque el fallo de ayer es definitivo e inapelable, la legislación chilena permite a las partes recurrir aspectos formales del mismo que, pese a no cambiar el contenido, pueden retrasar su cumplimiento.

Por tanto, Fujimori, en arresto domiciliario en un lujoso barrio en la comuna de Chicureo, en el extremo norte de Santiago, podrá ser trasladado a Perú en cualquier momento.

Entre las siete causas por las que será extraditado están las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. En la primera, le imputan la muerte de quince personas, entre ellas, un niño de ocho años, y lesiones graves a otras cuatro personas. En la segunda, está acusado de la muerte y desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle «La Cantuta», cuyos cuerpos fueron calcinados y enterrados en fosas comunes.

Piden que sea condenado

Tras la difusión del fallo, la presidenta Michelle Bachelet se reunió en La Moneda con el canciller Alejandro Foxley, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y otras autoridades para analizar los pasos a seguir para entregar a Fujimori. Perú indicó que el traslado se efectuará bajo las más estrictas medidas de seguridad aunque, según el primer ministro Jorge del Castillo, el Gobierno no va a «apresurar ni dilatar» su vuelta.

Los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos acogieron con satisfacción esta noticia. En declaraciones a Efe, el director de la sección peruana de Amnistía Internacional, Ismael Vega, subrayó que «la Justicia chilena se ha puesto en primera línea en la lucha contra la impunidad». «Chile tenía la responsabilidad histórica de dar una señal clara al mundo de que ningún gobernante, por más poderoso que haya sido, puede parapetarse y valerse de la impunidad para evadir la Justicia», incidió.

Por su parte, el responsable de la Asociación Pro Derechos Humanos, Francisco Soberón, resaltó que «por primera vez, un jefe de Estado se va a sentar en el banquillo de los acusados para rendir cuenta por los crímenes de lesa humanidad».

Expresó su confianza en que «la justicia se imponga» y sea condenado.