El sindicato LAB, que ejerce la acción popular en el caso del fraude de la Hacienda de Irun, exigió ayer que la comisión de investigación creada por las Juntas Generales depure las responsabilidades políticas de quienes «debieron conocer con antelación» los hechos.

«No resulta creíble que un fraude con las características, implicaciones y envergadura del cometido en Irun haya podido pasar desapercibido durante tanto tiempo sin ser detectado ni por instancias políticas, ni institucionales, ni por los mecanismos de control de que disponen», señaló LAB, que expresó su deseo de que se «llegue hasta las últimas consecuencias en su investigación respecto a todo el tiempo en el que se ha estado cometiendo el fraude, las personas que lo pudieron o debieron conocer».