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Para negar derechos, inclumplen las leyes

En 1985 se aprobó en el Estado español la Ley de Despenalización Parcial del Aborto, que supuso posibilitar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos. Los primeros pasos en la aplicación de esta ley en Nafarroa dieron inicio a una serie de acosos, amenazas, presiones... con el resultado de que desde 1987 no se practica en toda la red de salud pública navarra. No sólo eso, sino que, de las aproximadamente 640 mujeres que en 2005 decidieron interrumpir su embarazo, sólo 67 obtuvieron ayudas por parte del Gobierno navarro para gastos médicos, de dietas y hospedaje ocasionados por el desplazamiento fuera del territorio foral para someterse a un aborto previsto en los tres supuestos de la ley española.

Es tanto el poderío de la derecha más ultramontana en Nafarroa que, aunque no todos los profesionales de la salud del territorio se han acogido a la objeción de conciencia y habiendo quienes están dispuestos a cumplir la ley practicando interrupciones del embarazo, esto no ha sido posible en los últimos veinte años. Y son miles las mujeres que se han visto afectadas. Unas, las que cuentan con más medios y una mejor situación social, han pagado con dinero una intervención en una clínica privada de fuera de Nafarroa. Otras, sin medios y apoyos sociales suficientes, lo han pagado con gran riesgo para su salud y su vida, practicándose peligrosos abortos clandestinos; algo que es todavía mucho más trágico, por innecesario, ya que en la actualidad la práctica del aborto se ha simplificado tanto que no es necesaria siquiera intervención quirúrgica alguna.

Miguel Sanz, cuando argumenta que el incumplimiento de su Gobierno de la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de las mujeres en este tema se debe a que su objetivo es fomentar la natalidad, está haciendo en realidad lo que durante años ha hecho China o ahora hace India, por poner sólo dos ejemplos. En todos esos casos, las administraciones públicas toman decisiones que atentan directamente contra derechos fundamentales de las mujeres y que acaban poniendo en peligro también su integridad y su salud.

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