Las palabras de Miguel Sanz, presidente del Gobierno navarro y de UPN, ante la moción presentada por el PSN al Parlamento dejan clara su nula voluntad política para garantizar un derecho recogido por la ley: «El Gobierno no va a fomentar las interrupciones para practicar abortos en los centros públicos, aunque va a respetar la ley». En el discurso de investidura añadió además que su apuesta para esta legislatura pasa por «el fomento de la natalidad, necesaria para el progreso de Nafarroa». La derecha navarra se sigue situando igual que hace dos décadas ante mociones como la actual del PSOE, que se limita a pedir que el Gobierno navarro «ponga los medios técnicos y humanos tendentes a garantizar el ejercicio del derecho en la sanidad pública que tienen las mujeres navarras en virtud a lo establecido en la legislación vigente».

La consejera de Salud, María Kutz, afirmó en su día lo siguiente: «Aquí no se practican abortos legales simplemente porque todos los ginecólogos y ginecólogas son objetores de conciencia». ¿Todos? El PSN reclamaba entonces la creación de un registro con los facultativos objetores al aborto, al objeto de conocer su número exacto, pero la propuesta fue rechazada con los votos de la mayoría de UPN-CDN, aludiendo a que ese registro sería «inconstitucional».

Una medida «eficaz»: el juicio de 1990

Cuando en 1985 se aprobó la ley de la despenalización del aborto, algunos profesionales ofrecieron ese servicio en los hospitales públicos de Nafarroa. Lo hicieron hasta 1987, cuando Acción Familiar (fundación que asegura prestar ayuda a las familias y se autoproclama como «defensora de la vida») presentó una querella contra tres ginecólogos, acusándoles de haber realizado una IVE que no entraba en los supuestos recogidos por la ley (riesgo para la salud materna, malformación del feto o violación). La sentencia resultó favorable a estos profesionales, pero el juicio realizado en Iruñea en enero de 1990 supuso un «aviso a navegantes».

Una de las imputadas, Elisa Sesma, ginecóloga en el Centro Andraize de la Txantrea, denunció en su día en la prensa el acoso añadido que sufrieron «mediante panfletos anónimos llamándonos asesinos». Desde aquellos sucesos han pasado muchos años, pero en ellos no se han realizado más abortos legales y regulares en Nafarroa, o al menos no se han reconocido oficialmente -la entonces parlamentaria de EA, Helena Santesteban, declaró en 2004 que «se tiene el convencimiento de que clínicas privadas navarras practican las interrupciones»-. Los datos cantan: El Ministerio de Sanidad reconoció más de 600 abortos de mujeres navarras en 2005 (en realidad pudieron ser el doble), y sólo 67 obtuvieron ayudas por parte de su Gobierno, consistentes en el pago de gastos médicos, las dietas y el hospedaje ocasionados por los desplazamientos a otras comunidades autónomas. Una ayuda que no incluye al posible acompañante, evidentemente necesario en estos casos.

¿Ha cambiado la situación? Tere Sáez, de la asociación Andrea, recibió recientemente amenazas anónimas a raíz de artículos de opinión publicados en prensa a favor de los derechos de la mujer, tanto al aborto como a un trato igualitario. Sáez relata que la situación le recuerda a la que le tocó vivir en 1985 por parte de un sector «de carcamales». Alerta de que sigue existiendo y actuando un sector «en torno al Opus Dei y la derecha más recalcitrante». Matiza, en cualquier caso, que hoy en día la mayoría social está a favor de que se cumpla la ley. En su opinión, el problema no está en la sociedad, sino en que «es el propio Gobierno de Nafarroa el que encabeza la oposición al aborto». ¿Es cierto que todos los profesionales objetan? «Desde el Gobierno mienten; hay gente que ha firmado que está dispuesta a hacer abortos, pero son amenazadas y presionadas. Si a mí me llegan anónimos, a los demás también».

Para Euskal Herriko Bilgune Feminista, «Miguel Sanz, mediante una fórmula tan difusa como la objeción de conciencia, dice fomentar la vida para asegurar el progreso mientras, ayudado por la influencia del Opus Dei, arrincona aún más las necesidades y los derechos de más de la mitad de la población: las mujeres».

Política por encima de los derechos

Mari Cruz Landa, ginecóloga en el CAM de Iturrama y una de las imputadas en aquel juicio de 1990, señala la necesidad de «voluntad política» para crear las condiciones necesarias que faciliten la labor de los profesionales que decidan ofrecer este servicio a las mujeres de Nafarroa. «Después de aquello hay que hacer las cosas bien, no vamos a volver a hacer de kamikazes», explica Landa. Para comprender la complicada situación de Nafarroa, relata un caso muy ilustrativo: «Sanz dejó caer la posible instalación de redes de clínicas privadas extranjeras. Una cadena holandesa estudió el panorama, pero viendo la fuerza del Opus Dei, desistió».

Landa reconoce que existen profesionales que se acogen a la objeción, pero asegura que «también hay gente dispuesta, y es responsabilidad del Gobierno garantizar ese derecho de la mujer». En sus palabras, «se tienen que manifestar unos compromisos dirigidos a las estructuras sanitarias». Añade que «la jerarquía y la estructura sanitaria están en contra; la designación de María Kutz, cercana al Opus, como consejera de Sanidad, es una muestra».

Preguntada por las medidas a tomar, señala que «hay que acudir a los centros en los que se practican abortos para ver el funcionamiento y las instalaciones necesarias, y es necesario consultar a los profesionales para valorar su disponibilidad. La realización de IVE es cada vez más fácil -cita el aborto químico como ejemplo- y cada vez más se realizan en centros extrahospitalarios, con lo que la instalación del equipamiento y personal es más fácil», explica. «Se podrían realizar las IVE en ambulatorios y los CAM, tal y como se practican en otras comunidades. Ahora el 87% de las intervenciones se practican en esos centros, frente a un 12,7% en los hospitales» (son datos de 2005).

Desde la Comisión resaltan que «Sanz habla de fomento de natalidad pasando por encima del derecho de las mujeres. No se tiene en cuenta es que la mujer tiene autonomía y decisión sobre su cuerpo», señalan Oihana López y Elena Lakabe. Y Tere Sáez añade que «habla de natalidad, pero luego no se ayuda a las jóvenes embarazadas».