La cuarta víctima de las cárceles vascas es un hombre preso en Langraiz -MT.M.N., de 46 años, de origen colombiano- cuyo cadáver fue hallado ayer por los funcionarios en el recuento de las 8.00. Instituciones Penitenciarias informó que el fallecido estaba vestido y tendido en la cama de la celda, que no compartía con ninguna persona, «sin síntomas de violencia».

Los vigilantes alertaron al médico, que sólo pudo confirmar la muerte de esta persona, que estaba en la cárcel desde agosto de 2005 para cumplir una condena de seis años por detención y lesiones. La víctima se encontraba en la prisión alavesa desde junio de 2006, donde desempeñaba tareas auxiliares y, además, disfrutaba de permisos.

La dirección de Langraiz comunicó el óbito al juzgado correspondiente. A falta de los resultados de la autopsia, Instituciones Penitenciarias informó de que todos los indicios apuntaban a que la muerte se produjo por «causas naturales».

Desde Salhaketa vienen reivindicando que el Ministerio Fiscal investigue de oficio cada una de las muertes ocurridas en prisión o bajo custodia del Estado español, «así como cualquier denuncia por tortura, malos tratos o cualquier tipo de incumplimiento de los derechos humanos».

No fue la única noticia trágica de la jornada relacionada con las prisiones, pues la plataforma de apoyo a las personas presas informó también de que el miércoles 19 de setiembre murió en el hospital de Basurto un hombre que se encontraba encarcelado en Basauri. El preso, de origen magrebí, había recibido el tercer grado por padecer una enfermedad terminal. Salhaketa achacó el deterioro de su salud, que le ha hecho perder la vida, «a su estancia en prisión».

Desde Instituciones Penitenciarias se confirmó la trágica noticia, añadiendo que el hombre, en libertad condicional, «había pedido acogimiento institucional» y se encontraba ingresado en el hospital bilbaino desde hacía tiempo.

Política informativa

Este pronunciamiento oficial se produce después de que Salhaketa denunciase esta misma semana, como recogía GARA el pasado martes, que la Dirección de Instituciones Penitenciarias no hacía públicos los fallecimientos de los presos. Marta Aldanondo, abogada penalista, lo calificó de «giro en la política informativa», una vez que habían tenido noticia de una muerte -la primera en Basauri este año- a través de terceras personas, y no de la Delegación del Gobierno español en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Con estas dos nuevas muertes se elevan a cuatro las personas fallecidas en las cárceles vascas en el año 2007, dos en Langraiz y otras dos en Basauri. El anterior óbito en la prisión alavesa tuvo lugar el 10 de febrero, cuando un joven apareció sin vida en su celda. La otra se produjo recientemente -el 2 de setiembre- en la cárcel vizcaina, presuntamente a causa de una sobredosis, tal y como lo denunció Salhaketa. Entonces, fuentes de Instituciones Penitenciarias eludieron aportar más detalles sobre el suceso por «expreso deseo de la familia» de mantener al máximo la confidencialidad.

El colectivo de apoyo a las personas presas insistió en sus reivindicaciones ante el Gobierno español para mejorar el actual sistema carcelario estatal, que se ha cobrado la vida de 59 personas. Tomando como referencia el caso del preso de Basauri, reclamó la excarcelación de los presos que padezcan enfermedades graves crónicas e incurables, «así como la subordinación del tratamiento penitenciario al tratamiento médico y/o siquiátrico necesario para garantizar el derecho a la salud».

Asimismo, demanda el final de los regímenes de incomunicación y aislamiento que «además de crear espacios de impunidad para la existencia de torturas y malos tratos (físicos, síquicos y sensoriales), constituyen por sí mismos un trato inhumano y degradante».

Salhaketa reivindicó también el final del hacinamiento y la masificación. «Esta medida debe pasar no tanto por un incremento o ampliación de las plazas penitenciarias existentes como por la aplicación de políticas alternativas a la privación de libertad», aclararon. Precisamente, esta semana denunciaron la construcción de la futura macrocárcel de Langraiz.

Otra petición es la reforma de la actual legislación penal y penitenciaria española «para adaptarla de forma real al mandato constitucional que implica la reinserción social y no el castigo de las personas penadas».