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Peio M. Aierbe SOS Racismo-SOS Arrazakeria

Los menores no opinan

Se anuncia ahora la rehabilitación del Centro de Tolosa. Bien. Volvemos a hacer la pregunta a la que aún no han respondido los responsables de este servicio: ¿por qué se ha mantenido durante un año esta situación?

Nuevamente es noticia la lamentable situación en la que se encuentra el Centro de Acogida de Urgencias que la Diputación tiene en Tolosa para menores extranjeros no acompañados. Motivos, ciertamente, hay para que sea un tema que asome a los medios de comunicación. Pero hay una constante en esas noticias: nunca se consulta la opinión de los menores afectados, siendo, como son, una de las principales víctimas de esa situación.

Leyendo el titular de una columna aparecida en prensa (referido a inseguridad, motines...), evoca la idea de que los responsables de la situación son los menores. Y punto. Pues no. Ese planteamiento no sólo es un grandísimo error, sino también, una terrible injusticia (más) que se comete con esos menores. Seguro que son protagonistas de numerosos episodios violentos. Seguro que, algunos de ellos, han mangado algo o se han pasado cuatro pueblos en algún follón con vecinos del pueblo. Todo eso se conoce y se divulga ampliamente por mil medios. Y la versión siempre acaba culpabilizándolos a ellos, y metiendo a todos en el mismo saco.

Pues bien, desde SOS Racismo-SOS Arrazakeria, que venimos trabajando estrechamente desde hace un año con esos chavales, en relación directa con educadores, mesa local existente al respecto en el Ayuntamiento, responsables del Centro, responsables del servicio correspondiente de la institución foral y demás entidades implicadas, afirmamos rotundamente lo contrario. Los menores son las víctimas del funcionamiento deplorable de un servicio que, por ley, ha de garantizar la institución encargada de su tutela, a saber, la Diputación Foral. No son las únicas víctimas, por supuesto. También es víctima el personal educador a quien se encarga una tarea en condiciones imposibles de cumplir. Y lo es el personal de seguridad, a quien se responsabiliza de resolver, mediante la represión, cuestiones que deberían ser abordadas como labor educativa. Son víctimas también los vecinos a quienes les ha tocado padecer algún episodio delictivo. Y no se puede permanecer impasible ante tanto damnificado. Pero menos todavía responsabilizar de ello a quienes en esta historia son los que salen peor parados, los chavales acogidos en el Centro.

Desde SOS Racismo-SOS Arrazakeria venimos haciendo mil gestiones para que esto cambie, con un resultado desolador. En este sentido, dirigimos el pasado mes de agosto un escrito a todos los grupos políticos presentes en las Juntas Generales, recabando su atención sobre una situación a todas luces insostenible y en demanda de la adopción de una serie de medidas urgentes. Nos hemos entrevistado ya con la mayoría de los grupos y esperamos, en breve, poder contar con su apoyo para una serie de actuaciones de envergadura que cuenten con el correspondiente respaldo presupuestario. Llevamos meses priorizando una línea de trabajo alejada de los medios de comunicación por entender que es lo más razonable en este campo, pero no podemos admitir que, cuando éstos se hacen eco de esta situación, se acabe poniendo en el banquillo de los acusados a quienes no son sino una víctima más del maltrato institucional. Víctimas a quienes nadie escucha. Y cuando algunas gentes lo hacemos, somos acusadas de alentar su rebeldía ¡precisamente por escucharles! Cuando ésa debería ser también una obligación de quienes tienen su guarda y su tutela.

Se anuncia ahora la rehabilitación del Centro de Tolosa. Bien. Volvemos a hacer la pregunta que hicimos directamente a los responsables de este servicio, en la reunión celebrada con ellos este mismo mes y a la que no respondieron: ¿por qué se ha mantenido durante todo un año esta situación? ¿Quién es responsable del encanallamiento de la situación durante todo este tiempo? ¿Qué credibilidad tienen las promesas actuales de quienes vienen negando lo evidente?

Esperamos que el próximo debate al respecto en las Juntas Generales permita reafirmar el compromiso de todos los grupos políticos en la adopción de las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones legales asumidas en la tutela de los menores en situación de desamparo, y que dichas medidas cuenten con el soporte presupuestario necesario y con los compromisos de plazos ineludibles.

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